El sector de la alimentación está tardando en tomar conciencia sobre la importancia de contar con un plan de prevención y detección de delitos, o lo que es lo mismo, un plan de compliance. Y ello a pesar de tratarse de un sector que debe gestionar correctamente y de forma constante el peligro microbiológico de los alimentos que fabrica, elabora y distribuye, y que deben ser seguros para el consumidor. Por eso resulta preocupante la lentitud con la que el sector está asumiendo esta responsabilidad, tal vez por desconocimiento sobre las implicaciones de la comisión de posibles delitos en su seno.
El objetivo de estos planes es muy concreto: evitar que la empresa pueda ser responsable penal por los delitos que puedan cometerse en ella por parte de empleados, administradores o terceros y que, en este caso, pueden afectar a los consumidores. Y, en este sentido, el riesgo principal que la industria agroalimentaria debe evitar es el relacionado con la comisión de delitos de salud pública respecto a los productos que fabrica, comercializa o distribuye.
Evitar riesgos para la salud
Se trata de un sector que ha de tener en cuenta que los delitos que puede cometer son delitos de peligro, y la sola generación de un riesgo para la salud de las personas es suficiente para dar vía libre a la intervención penal. Por ejemplo, ofrecer en el mercado productos alimentarios omitiendo o alterando los requisitos establecidos por las leyes sobre la caducidad o composición del producto, adulterar alimentos o bebidas mediante sustancias o aditivos u otros agentes susceptibles de causar daños a la salud pública, administrar a los animales sustancias no permitidas que generan riesgo para la salud o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados, sacrificar animales mediante sustancias no permitidas para el consumo humano, o despachar al consumo público los productos de los animales sin respetar los periodos de espera.
Son algunos de los fraudes más frecuentes que se producen en la industria agroalimentaria, y detectarlos es una prioridad de investigación en seguridad. Por ello, la falta de un plan de control para evitar estos delitos puede llevar a la empresa a soportar grandes multas e incluso su cierre.
"Contar con un programa de compliance es ya una obligación más para cualquier empresa, tan vital como el cumplimiento fiscal o laboral".
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