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Los fiscales europeos podrán obtener información en el curso de las investigaciones sobre delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE

La Fiscalía Europea podrá acceder al Punto Neutro Judicial

Noticia

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la fiscal General Europea, Laura Codruta Kövesi, han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los fiscales europeos utilizar el Punto Neutro Judicial como herramienta en la investigación de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, cuya competencia le atribuyen el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12 de octubre de 2017 y la Directiva (UE) 2017/1371.

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El Punto Neutro Judicial es red de comunicaciones que permite a los órganos judiciales acceder a información y estar conectados a otras entidades, como administraciones públicas, colegios profesionales, entidades financieras o registros, con el objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos. A través del Punto Neutro Judicial, los jueces pueden acceder, por ejemplo, a las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tráfico, bancos y cajas de ahorro.

Bases de datos del Punto Neutro Judicial

Este acuerdo establece una vía de colaboración entre el CGPJ y la Fiscalía Europea para la obtención por parte de ésta, cuando ejerza las funciones establecidas en la ley, de la información contenida en las bases de datos de las administraciones y organismos que integran el Punto Neutro Judicial.

Para acceder a la información, será necesaria la existencia previa de una resolución procesal que autorice la solicitud de información y sólo podrá realizarse por los usuarios que hayan sido autorizados.

La Fiscalía Europea se compromete a velar por el correcto uso de la red de comunicaciones, a formular las peticiones de información sólo en el ejercicio de sus funciones y previa resolución que lo justifique y a no incluir los datos obtenidos en bases de datos o ficheros que puedan ser consultados por terceras personas físicas o jurídicas. Asimismo, la Fiscalía Europea tendrá la condición de responsable independiente del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso.

El acuerdo de colaboración tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable, y su aplicación será revisada por una Comisión Mixta de Seguimiento que se reunirá a tal efecto al menos una vez al año.