La Asociación Profesional de Administradores Concursales de España (ASPAC) se ha convertido en miembro fundador de la European Association of Insolvency Office Holders' Organisation (EAIO), la asociación que representará y aglutinará a las asociaciones de la administración concursal de los países de la UE. La EAIO contará, previsiblemente, con 12 socios procedentes de 9 países comunitarios. Béatrice Dunogué-Gaffié, designada presidenta de la EAIO, será la encargada de formalizar la constitución de la asociación.
En palabras del presidente de ASPAC, Luis Martín, "la constitución de una asociación europea de las asociaciones de profesionales de la insolvencia es un avance notable que favorecerá, tanto a los profesionales de la insolvencia, como a los acreedores y la economía comunitaria". Según los impulsores de la asociación, ésta servirá para fortalecer de manera efectiva las garantías de recuperación del crédito de los acreedores de la Unión Europea, así como para transmitir a las autoridades el conocimiento de los expertos del sector y desarrollar las mejores prácticas de la profesión.
Marco regulatorio español
Martín ha aprovechado la formación de la asociación para señalar que España se encuentra alejada de su entorno europeo en materia de insolvencia, puesto que las últimas reformas concursales no priman la experiencia sobre el conocimiento, a diferencia de otros países. Martín ha advertido que las últimas reformas legales en España, aparte de generar una mayor incertidumbre legislativa, podrían significar la desprofesionalización del sector y la falta de especialización de los profesionales.
Entre otros aspectos, las últimas modificaciones (Ley 17/2014, de 30 de septiembre, Ley 9/2015, de 25 de mayo, y 25/2015, de 28 de julio y el previsto Estatuto de la Administración Concursal permitirán que cualquier titulado que acredite formación jurídica o económica pueda acceder al ejercicio de la administración concursal. Esto significaría "la entrada sin limitación de profesionales, cuando el número de administradores concursales en España (alrededor de 9.000) ya es superior al número de concursos de acreedores (4.777, en 2015, según las últimas estimaciones). Esto supondrá una desprofesionalización de la figura del administrador concursal, con el consecuente perjuicio para los acreedores y para la economía", finalizó Martín.