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En total, durante el pasado año se presentaron 27.632 concursos, la mayor parte de los cuales, 15.442, corresponden a concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que crecieron un 54,3 por ciento respecto a 2021. Los concursos de personas jurídicas, con un incremento interanual del 31,2 por ciento, sumaron 7.053, mientras que los de personas naturales empresarios, que aumentaron un 46,3 por ciento, sumaron 5.137.
Estos y otros datos figuran en el informe sobre los “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público con la advertencia de que se trata de cifras provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de 10 juzgados y permanecen en revisión de errores los de otros 20 órganos judiciales.
La Comunidad Autónoma con un mayor número de concursos presentados en 2022 fue Cataluña, con 7.976. Le siguieron Madrid, con 4.582; Andalucía, con 3.554; y la Comunidad Valenciana, con 3.270.
Madrid ha sido el territorio donde más concursos de empresas se registraron ante los Juzgados de lo Mercantil, con 1.782 (el 25,3 % del total nacional), seguido por Cataluña, con 1.587, y por la Comunidad Valenciana, con 1.024.
Estos concursos han mostrado a nivel nacional un incremento interanual del 31,2 % respecto a 2021.
Las ejecuciones hipotecarias iniciadas disminuyen un 10,5 %
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2022 fue de 24.935, un 10,5 % menos que las iniciadas en 2021. En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias (5.668), seguido por Cataluña (4.667), la Comunidad Valenciana (4.161); Madrid (2.794) y Murcia (1.372).
38.266 lanzamientos, un 7,5 % menos que en 2021
El número de lanzamientos practicados durante el ejercicio analizado fue de 38.266, lo que supone un descenso interanual del 7,5 por ciento. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y, en el caso de éstas, no solo a la vivienda habitual.
Siete de cada diez lanzamientos (71,9 %), en total 27.533, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 8.509 (22,2 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 2.225 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 5 % respecto a 2021, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 15,8 por ciento.
Cataluña –con 8.574, el 22,4 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguieron Andalucía, con 6.717; la Comunidad Valenciana, con 5.594, y Madrid, con 3.679.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 6.160; seguida por Andalucía, con 4.506; la Comunidad Valenciana, con 3.511; y la Comunidad de Madrid, con 3.230. Los territorios con mayor número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias fueron la Comunidad Valenciana, con 1.902; Andalucía, con 1.746; Cataluña, con 1.567, y Murcia, con 721.
Las demandas por despido aumentan un 3,1 por ciento
En 2022, se registraron en los Juzgados de lo Social 120.935 demandas por despido, cifra que muestra un incremento del 3,1 % respecto a las presentadas el año anterior.
Por territorios, Cataluña –con 24.064, el 19,9 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron un mayor número de demandas de este tipo, seguida por Madrid, con 22.180, y Andalucía, con 19.349.
Además, el pasado año los Juzgados de lo Social registraron 120.538 reclamaciones de cantidad, un 1,5 por ciento menos que en 2021. De ellas, 20.824 se presentaron en Andalucía; 20.586 en Madrid; y 14.720 en Cataluña.
Procedimientos monitorios
Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2022 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción ascendieron a 956.254, un 18,8 por ciento más que en 2021. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)
En el periodo analizado, ingresaron en los juzgados especializados un total de 79.858 asuntos de esta naturaleza, un 31,3 % menos que en 2021. Las resoluciones dictadas fueron 110.425 sentencias, un 10,9 % menos que el año anterior.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el año 2022 se registraron 2.784 procedimientos de esta naturaleza, un 20 % menos que en 2021. En Cataluña sumaron 657, un 23,6 % del total nacional. Por número de asuntos le siguieron Andalucía, con 536; la Comunidad Valenciana, con 387; y Madrid, con 222.