La prueba piloto tendrá una duración de dos años (18 meses de ejecución y 6 meses más de evaluación) y contará con un presupuesto de 10 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation EU. Será la primera que se ponga en marcha con el importe que el ministerio tiene dentro del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De esta manera, ambas instituciones diseñarán e implementarán un dispositivo que contribuya a la inclusión sociolaboral de como mínimo 1.000 personas de la ciudad de Barcelona, especialmente entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, lo que redundará en beneficios para un millar de hogares. Posteriormente, ambas instituciones evaluarán el resultado.
El proyecto consistirá básicamente en el desarrollo de itinerarios de políticas activas adecuados para cada perfil de persona, combinado con la prestación económica del IMV, para fortalecer así la inclusión sociolaboral de los participantes. Además, se tendrá en cuenta específicamente el refuerzo de vínculos relacionales y comunitarios para que dicha inclusión vaya más allá de la garantía de rentas o el acceso al empleo. De este modo, los 1.000 beneficiarios que, como mínimo, participen del proyecto recibirán la formación adecuada y el seguimiento necesario por parte del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento.
Itinerarios de inclusión
El Ministerio de Inclusión considera que se pueden incrementar las probabilidades de inclusión laboral si se trabaja en paralelo con objetivos de inclusión social y comunitaria. Por ello, entre estos itinerarios está un acompañamiento individualizado y especializado, formación y capacitación básica, formación orientada a sectores laborales, inserción laboral, emprendimiento, participación comunitaria y acompañamiento de salida a todos los beneficiarios.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuenta con 298 millones de euros del Plan de Recuperación para realizar este tipo de proyectos durante los años 2022 y 2023. En el Componente 23, el plan incluye una inversión de 298 millones de euros para el despliegue de los itinerarios de inclusión, en colaboración con otras entidades públicas y del tercer sector. En este ámbito, está prevista la formalización de distintos convenios y el anunciado en Barcelona sería el primero de ellos.
La existencia del Programa Lábora para la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, y que el año pasado pese a la irrupción de la Covid-19 atendió a más de 6.600 personas en la ciudad, o bien la elección de Barcelona para el desarrollo entre los años 2017 y 2019 del proyecto B-MINCOME, que contó con la financiación de 4,9 millones de euros por parte de la Unión Europea, han sido determinantes para el presente acuerdo entre el Gobierno y el consistorio.
