Begoña Castro: "Desde la renovada Corte de Arbitraje promoveremos y difundiremos el arbitraje, para que los abogados y abogadas lo prescriban"
Con motivo de la presentación de la nueva Corte de Arbitraje el 12 de junio en la Biblioteca del ICAM, entrevistamos a Begoña Castro, vicedecana, y primera mujer en ocupar la jefatura de una Corte en España.
Cuéntenos, esta Corte tiene una antigüedad de 28 años y según comentaba el decano José Mª Alonso durante los últimos cinco años ha tenido una “posición lánguida.” ¿Cuáles serán las nuevas líneas que definan la Corte de Arbitraje?
Los abogados somos aliados estratégicos de los ADR, tenemos la responsabilidad de prescribir a nuestros clientes el sistema más adecuado para la resolución de sus conflictos, que en menos ocasiones de las recomendadas es la vía judicial. La utilización del arbitraje, así como de otros métodos extrajudiciales de solución de disputas, va a redundar entre otras consideraciones, en una mayor satisfacción de las partes. Es una máxima por todos conocida que un cliente satisfecho es un cliente fidelizado. Desde la renovada Corte de Arbitraje promoveremos y difundiremos el arbitraje, para que los abogados y abogadas lo prescriban.
Entonces, cuál será el objetivo principal de la nueva Corte de Arbitraje.
Nuestro objetivo es situarla al mismo nivel que las cortes más avanzadas del mundo, pero contando en paralelo con un procedimiento ágil y sencillo. Como elemento diferenciador, el Colegio administrará arbitrajes no comerciales en aras de la función de servicio público que cumple y tiene encomendada.
Es la primera mujer en asumir una Jefatura de una Corte en España. Si en el arbitraje internacional las mujeres representan un 15 % quisiéramos saber qué supone para usted esta designación a nivel profesional.
Esta pregunta tiene mucha más trascendencia de lo que pudiera parecer a simple vista, y que formulada en los albores del siglo XXI debería causarnos una enorme preocupación. El mundo del arbitraje es eminentemente masculino, es pura estadística, pero también lo son la práctica totalidad del resto de los sectores profesionales. Cuando José María Alonso, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y referente internacional en Arbitraje, me propuso para la presidencia de la Corte no lo dude ni un instante. Las mujeres que tienen la oportunidad de acceder a cargos en los que nunca antes ha habido presencia femenina, se enfrentan por un lado a ser anécdota, solo por este hecho, pero sobre todo y lo más importante asumen la responsabilidad de tener que mejorar de manera ostensible lo logrado hasta ese momento exigiéndose a sí mismas mayor esfuerzo al afrontar de alguna manera un hecho histórico que no puede retroceder.
Según datos publicados en los medios de comunicación y en base a estadísticas internacionales, los gastos para resolver un conflicto en una corte internacional ascienden a una media de dos millones de euros. El reto de las asesorías es conocer con anterioridad los costes legales ¿compensan acudir a una corte de arbitraje internacional o es mejor resolver el conflicto en los tribunales locales?
Cuando las partes de un contrato tienen distinta nacionalidad, tiene todo el sentido prever que las posibles controversias que puedan derivarse del mismo se resuelvan mediante arbitraje a administrar por una institución arbitral de carácter internacional, dado que la alternativa sería someter tales controversias a los tribunales del país de una de las partes, lo cual puede constituir una clara desventaja para la otra parte que se ve obligada a litigar en un foro que no es el suyo. Y ello al margen de las dificultades que puedan surgir a la hora de ejecutar un sentencia judicial en el país de la otra parte; dificultad que es mucho menor en el caso de los laudos arbitrales, toda vez que el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York, el 10 de junio de 1958 ha sido ratificado por 159 países, de tal manera que es prácticamente imposible que un laudo dictado en un país no pueda ser ejecutado en otro.
En cuanto al coste económico que supone acudir a una corte de arbitraje internacional para resolver un determinado conflicto no creo que sea muy superior al que supone resolver tal conflicto en tribunales locales.
Efectivamente, el arbitraje es un procedimiento que termina con un laudo que es firme desde que se dicta y que es difícilmente impugnable, mientras que si se acude a los tribunales locales, la sentencia que resuelva el conflicto es recurrible y la controversia tardará normalmente varios años en resolverse. Por ejemplo en el caso de acudir a los tribunales españoles con una controversia de naturaleza comercial y de una cuantía importante como suelen serlo las que se someten a una corte de arbitraje internacional, para obtener una sentencia definitiva seguramente habría que agotar tres instancias: la del juzgado hasta sentencia, la de la Audiencia Provincial, que resolvería el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado y la del Tribunal Supremo, que resolvería el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia. Todo este proceso, además del coste económico para las partes, que no sería muy inferior al de una corte de arbitraje internacional, tendría el coste adicional del tiempo que tardaría en resolverse el conflicto (en el caso que contemplamos entre 6 y 10 años).
Nos gustaría saber si reciben apoyos institucionales o colaboraciones con otros Colegios de Abogados en el resto de España con respecto a esta nueva Corte de Arbitraje
Desde hace muchos años el Colegio de Abogados de Madrid participa en un grupo de Colegios de Abogados denominado coloquialmente como G5, al cual pertenecen, además del de Madrid, los de Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, todos los cuales tienen sus propias instituciones arbitrales y organizan actividades conjuntas para promocionar el arbitraje como medio alternativo para la resolución de conflictos, como son el “Curso de Arbitraje Online”, que ya va por su octava edición o las jornadas de encuentros entre las Instituciones Arbitrales de dichos Colegios y los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas respectivas.
En este ámbito el Colegio de Abogados de Madrid quiere impulsar nuevas iniciativas que fomenten la colaboración entre su Corte de Arbitraje y las instituciones arbitrales de los otros colegios.
En el programa planteado por José María Alonso, ya se había propuesto propugnar una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ante el Ministerio de Justicia, ¿hay novedades en cuanto a los baremos en el turno de oficio?
Es necesaria una reforma legislativa a la totalidad de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La ley es del año 1996 y las modificaciones que se han operado en esta ley han sido insuficientes. Los baremos del Ministerio datan del año 2003, y afectan a los abogados y abogadas de Madrid por las actuaciones que desempeñan al haber sido designados en procedimientos que se tramitan en los órganos centrales, es decir, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Presupuestariamente la partida destinada a Justicia Gratuita se ha incrementado en un 30 por ciento aunque no ha tenido su reflejo, por el momento, en la modificación de los baremos. En cuanto a la Comunidad de Madrid de la que, al tener las competencias transferidas en materia de justicia, dependen el resto de órganos judiciales, nos encontramos en fase de modificación del Decreto de Justicia Gratuita y pendientes de negociar mejoras en aquellos baremos que no se incrementaron en el año 2015.
En abril y mayo hemos conocido dos iniciativas del ICAM en un propósito de mejora de la imagen del abogado en la sociedad española. Hablamos de una movilización de miembros de la Junta y profesionales en los Juzgados de Plaza Castilla y de la entrevista de Alonso con el presidente de la Audiencia para darle a conocer la preocupación del Colegio sobre la investigación penal de los abogados como cooperadores de delitos cometidos por clientes. ¿Hay algún avance reseñable en este sentido? ¿Entienden que se pone bajo sospecha a la profesión cuando se imputa a abogados por hacer informes o asesorar a sociedades investigadas?
Los abogados somos un colectivo profesional que estamos bajo sospecha por el mero hecho de hacer informes o prestar asesoramiento a sociedades investigadas, esta situación se pone de manifiesto por la cada vez más generalizada investigación penal de los abogados como cooperadores necesarios de delitos cometidos por sus clientes, lo que supone una gran preocupación para la abogacía.
El decano, en las distintas reuniones institucionales mantenidas, ha solicitado la constitución de comisiones mixtas de trabajo para poder avanzar en estas y otras cuestiones que afectan a la abogacía. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad.
Para finalizar, nos gustaría que nos concretaran su colaboración con la Agrupación de Jóvenes Abogados AJA, sobre todo con respecto a los avances en materia de formación en nuevas tecnologías para los jóvenes abogados de Madrid.
Existe una colaboración muy estrecha con los abogados jóvenes, ellos son el futuro de la profesión, debemos escuchar con atención sus demandas y necesidades, algunas también compartidas por otros más veteranos. Las nuevas tecnologías han supuesto una verdadera revolución en el ejercicio de la actividad profesional y este hecho no conoce de edades. La formación en nuevas tecnologías es una de las prioridades para esta Junta de Gobierno. Los abogados tenemos que ir al compás del paso que nos marca la era digital, la inteligencia artificial y los robots supondrán un cambio no solo en la forma de ejercer la profesión, también en nuestras vidas y en nuestra economía.