Así, les ha invitado a participar en dos elementos vertebradores de la Justicia y que afectan de lleno a los derechos fundamentales como son la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) y el proyecto de Ley de Derecho de Defensa, donde se trabaja, "con equipos complementarios porque no se entendería un texto normativo sin el otro".
Campo ha desgranado la respuesta del Ministerio para amortiguar los efectos de la pandemia y, al mismo tiempo, ha detallado las líneas generales del plan #Justicia2030 para realizar ese tránsito hacia un cambio de paradigma basado en un amplio programa de reformas y, sobre todo, en una reordenación de la propia vertebración del sistema judicial.
Precisamente, durante el debate, y a tenor de las demandas planteadas por algunos intervinientes en torno a la necesaria dotación de más recursos humanos y medios materiales, Campo ha insistido en que "no se trata solo de aplicar medidas incrementalistas porque éstas no determinarán la transformación que perseguimos, sino que necesitamos una reorganización y modernización de todos los recursos públicos disponibles".
"Hagamos una Justicia acorde a lo que la sociedad hace y a lo que vienen legítimamente demandando", ha pedido a los abogados, instándoles a colaborar en ese camino hacia un servicio público de calidad y próximo a la ciudadanía con una organización eficaz que requiere grandes esfuerzos de adaptación a la digitalización.
El ministro ha subrayado también el importante papel de la Abogacía en la implantación de medios alternativos como la mediación o el arbitraje. Y ha anunciado que el Ministerio incluirá estas cuestiones dentro del proyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas. Al hilo, les ha pedido que sigan trabajando para "crear esa cultura de desjudicialización", necesaria para rebajar la litigiosidad y aligerar la carga en los juzgados.
Campo ha recalcado la importancia de gestionar la situación desde la cogobernanza y el diálogo como el mejor instrumento de trabajo.
El ministro ha respondido a inquietudes expresadas por los asistentes como el turno de oficio, la conciliación familiar y la habilitación de agosto o el problema con la mutualidad. A este respecto, ha aclarado que el Grupo Socialista ha elevado al Congreso una proposición no de Ley en la que se reclama al Gobierno "la reactivación de mecanismos que flexibilicen la situación, de manera que se puedan cubrir las necesidades" de estos profesionales afiliados a Mutualidades de Previsión Social alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA).
