Durante su intervención, el ministro se ha referido también a #Justicia2030, el programa de transformación de la Justicia para los próximos años que será "sólido y proyectado hacia el futuro" y "muy consensuado" con operadores y administraciones implicadas.
En relación a la Administración de Justicia, ha calificado de "esfuerzo colosal" el trabajo realizado por funcionarios y profesionales para "mantener en pie los servicios esenciales".
Hoja de ruta Covid-19
El ministro ha desgranado en su comparecencia la hoja de ruta consensuada por Justicia y el conjunto del sector para salir de la crisis y contribuir a la recuperación social y económica del país. "El ministerio ha trabajado con celeridad y planificación", ha subrayado, desde la prioridad de la coordinación y la generación de consensos, "apostando por la cogobernanza". Ello ha requerido la comunicación continua y periódica con todos los operadores a quienes el ministro ha agradecido "su esfuerzo y plena predisposición a alcanzar acuerdos" en el marco de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus.
El ministro ha subrayado que todas las actuaciones que ha llevado a cabo el ministerio han sido "consultadas, adaptadas y ajustadas" en las 25 reuniones virtuales celebradas hasta la fecha para dar una respuesta "común y contundente" a la crisis. Además, desde su departamento se han dictado más de 40 resoluciones para garantizar el funcionamiento del servicio público en un escenario cambiante.
Campo ha llamado a seguir articulando fórmulas de colaboración y de gobierno conjunto, especialmente necesarias en ámbitos de gestión compartida como la Justicia.
Servicios esenciales y seguridad laboral
El ministro ha señalado que, a pesar de que la actividad en la Administración de Justicia se ha reducido de forma muy significativa durante la crisis, se han mantenido los servicios esenciales "porque el Estado no debe ni puede descuidar su función de garante de los derechos individuales". Como medida de protección frente al coronavirus, se ha impulsado el teletrabajo y se han coordinado acciones con las diferentes comunidades autónomas para la prestación del servicio en las sedes en condiciones de seguridad.
Campo ha subrayado que garantizar la salud laboral "ha sido uno de los principios rectores de la acción del ministerio" y prueba de ello es el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia que se adoptó de forma consensuada el pasado 8 de mayo en el seno de la Comisión de Coordinación. Además, Justicia ha coordinado la compra y distribución de equipos de protección individual para el personal de Justicia de todo el territorio, entregándose hasta la fecha cerca de medio millón de guantes, 220.000 mascarillas y 30.000 dispensadores de gel hidroalcohólico. El ministerio trabaja ya en garantizar la cobertura de material suficiente para la desescalada.
Actividad del Ministerio de Justicia
Al margen de la actividad jurisdiccional, la actuación del Ministerio de Justicia en este periodo extraordinario no se ha parado, ha señalado el ministro, y se han habilitado sistemas de teletrabajo para cerca del 80% de la plantilla. Desde el inicio de la crisis, se han dictado 11.496 resoluciones de expedientes de nacionalidad por residencia, 354 resoluciones de indulto denegatorio, y se han dictado 23.756 certificados de últimas voluntades y 15.891 certificados de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Además, se ha garantizado la actividad notarial y registral en aquellas cuestiones más urgentes e inaplazables para contribuir a la agilización de la actividad económica. En concreto, en este periodo, el número de escrituras autorizadas y pólizas intervenidas ha superado las 135.000.
Reformas organizativas, tecnológicas y procesales
Campo se ha referido a los tres pilares de la hoja de ruta Covid-19:
1. Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
La norma fue convalidada por el Congreso de los Diputados el 13 de mayo y se está trabajando ya de forma coordinada con las administraciones competentes en el despliegue de las medidas que contiene para las distintas fases de la desescalada. El ministro ha señalado que en la última reunión de la Comisión de Coordinación se acordó mantener la fase 1 y la prestación del servicio en la Administración de Justicia por parte del 30-40% del personal.
Campo se ha referido a las medidas organizativas del Real Decreto-Ley que incluye, además, una ampliación de la vacatio legis de la Ley de Registro Civil de 2011 que se reformará parcialmente "desde el más amplio consenso".
2. Proyecto de ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas
Dado que la mayor parte de las medidas contenidas en el decreto tienen una vigencia limitada a tres meses, el ministro ha explicado que su departamento trabaja en un proyecto de ley "más ambicioso y orientado a la eficiencia" que pondrá especial énfasis en la transformación digital de la Administración de Justicia y en los medios alternativos para la resolución de conflictos. Todos los operadores jurídicos están realizando sus aportaciones al texto para poder aprobar la norma en junio en el Consejo de Ministros.
3. Planes de choque en las distintas jurisdicciones para abordar la situación generada por el parón de actividad y sus consecuencias económicas
El Gobierno aprobará la puesta en marcha de estos planes de choque que el ministro ha calificado de "imperativos" en el plazo máximo de 15 días desde que se levanten las medidas acordadas por el estado de alarma. Según las previsiones de Justicia, más de un millón de nuevos asuntos ingresarán entre 2020 y 2021 en el orden Social. En cuanto a los concursos de acreedores, se calcula que se pasaría de los 7.000 que se presentaron en 2019 a los 50.000 en 2021.
#Justicia2030
El ministro ha insistido en que la hoja de ruta Covid-19 ha de ser necesariamente el primer peldaño de #Justicia2030, el proyecto en el que trabaja su departamento para transformar y fortalecer el servicio público en un horizonte de diez años. "El objetivo no puede ser regresar a la vieja normalidad sino impulsar la transformación a pesar de las circunstancias", y afrontarlo, ha subrayado, "desde el consenso".
Campo ha explicado que #Justicia203 aspira a "que seamos más eficientes" superando la lógica del incrementalismo como único eje de las políticas de Justicia. Para ello, una de las primeras medidas ha sido transformar la estructura del Ministerio de Justicia para consolidarlo como una administración pública "moderna y avanzada" con un equipo "sólido y con una gran capacidad técnica".
Uno de los proyectos más importantes de #Justicia2030 es avanzar hacia una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita la actualización de las formas de investigación y enjuiciamiento penal. El ministro ha informado a la Comisión de Justicia del Senado que ya se ha constituido la comisión que redactará el anteproyecto que se llevará al Consejo de Ministros antes de final de año. También se está empezando a trabajar en el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa.
Entre otras materias, el ministro ha subrayado que el Gobierno está situando a las víctimas de los delitos "en el centro de la agenda". En este sentido, ha anunciado que Justicia potenciará las oficinas de asistencia a las víctimas y se redoblarán esfuerzos para atender a las mujeres que sufren la violencia de género. "Somos una sociedad que se debería sonrojar cada vez que una mujer es asesinada", ha lamentado. Campo ha destacado, además, la colaboración de Justicia con dos iniciativas del Gobierno en esta materia: la Ley de Violencia Sexual y la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes frente a la Violencia.
Otros proyectos que se pretenden llevar a cabo en el marco de #Justicia2030 son los relativos a la transformación digital y organizativa de la Justicia, como la implantación "completa y definitiva" del proyecto de Oficina Judicial, la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la consolidación del expediente judicial digital y la integración de las plataformas de gestión procesal. Se trata, ha señalado Campo, de "convertir la dispersión tecnológica en un activo del sistema". El ministro ha subrayado que la crisis sanitaria "ha hecho aún más visible las carencias en tecnología de nuestra Justicia" por lo que es preciso acelerar "un proceso inevitable".
