Para empezar, el sindicato denuncia que en este decreto se adoptan medidas organizativas respecto al personal de Justicia para los tres meses siguientes al levantamiento del estado de alarma, pero el Gobierno central no tiene competencias para ello en las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas.
Y es que, según CCOO, la Orden SND/261/2020 del Ministerio de Sanidad referida al sector de la Justicia "sólo ha encomendado esa competencia" al responsable del ramo, Juan Carlos Campo, durante la situación excepcional de estado de alarma y no para los meses siguientes.
Contagios y medidas preventivas
Por otra parte, el sindicato explica desde el pasado 23 de abril el Ministerio de Justicia "no ha hecho públicos ni se han comunicado a la representación legal de los trabajadores los datos de contagios entre el personal" de este sector y considera que "su evaluación y evolución es la base sobre la que deben plantearse las nuevas medidas organizativas si es que el primer objetivo es defender la salud".
Además, advierte de que la jornada de tarde que plantea el decreto para tratar de agilizar la Administración de Justicia y que no coincida todo el personal en las mismas horas "no puede ser nunca obligatoria", pues además se trata de una medida que puede "cargarse de un plumazo la conciliación de la vida laboral y familiar".
Así, CCOO ha comunicado a los grupos políticos que antes de acordar la incorporación de nuevo personal al trabajo, "los servicios de prevención tienen que elaborar por imperativo legal un informe sobre qué oficinas tienen las dimensiones suficientes para garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre el personal y entre éste y las personas detenidas, público en general o profesionales". También "debería establecerse con claridad en el decreto que donde no se cumplan las medidas preventivas no se puede trabajar".
De igual modo, el sindicato critica que se plantee la "movilidad forzosa de los funcionarios de un centro de trabajo a otro donde se necesite más personal", una medida que considera "inútil y desacertada" porque supone "desvestir un santo para vestir a otro", ya que "todos los órganos judiciales están sobrecargados por la paralización durante el estado de alarma, la situación previa de retraso generalizado en la Administración de Justicia y la previsible avalancha de nuevos asuntos".
"Existen mecanismos en la legalidad vigente para atender estas necesidades de personal con la cobertura de plazas en comisión de servicio o sustituciones voluntarias o con la contratación de personal interino de las bolsas de trabajo", propone CCOO.
Garantizar que no habrá nulidades
Por otro lado, el sindicato ve una "contradicción entre la posibilidad de tramitar todos los procedimientos judiciales y la suspensión de plazos y actuaciones no esenciales prevista en la disposición adicional segunda del decreto del estado de alarma", así que opina que debería haberse acordado en el decreto de Justicia la "modificación de dicha disposición para garantizar que no habrá nulidades de actuación por este motivo".
Como otros colectivos de la Administración de Justicia, CCOO no está de acuerdo con la habilitación de unas semanas del próximo mes de agosto, una propuesta que ve "tan novedosa como inútil que sólo causa perjuicio a determinados colectivos y ningún beneficio".
Según afirma, "el personal judicial ya trabajaba desde siempre en el mes de agosto aprovechando los días inhábiles para la puesta al día de asuntos retrasados y ahora eso no podrá hacerse", al tiempo que es "evidente" el "perjuicio" que esta medida supondrá para los pequeños despachos profesionales.
Por todas las razones expuestas, CCOO entiende que el decreto aprobado por el Gobierno para tratar de evitar el colapso en la Justicia "no puede ser aprobado por el Congreso con su redacción actual", algo que "podría mejorarse sustancialmente en su tramitación como proyecto de ley" para que los grupos parlamentarios puedan introducir cambios.
