La norma tiene como objetivo "la regulación del derecho de uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, así como el acceso a los suministros básicos (...) con especial atención a los grupos sociales en situación o riesgo de exclusión", según fuentes parlamentarias.
La proposición de ley, que inicia así su tramitación parlamentaria, plantea diferentes medidas agrupadas en capítulos según sus objetivos: evitar los desahucios, luchar contra el sobreendeudamiento relacionadas con la vivienda, para fomentar el alquiler asequible, aumentar el parque de vivienda social y garantizar los suministros básicos.
Entre las propuestas concretas destacan algunas como la dación en pago, la garantía por parte de la Administración de realojar a todas las personas en situación de exclusión residencial que sufran un desahucio y mejorar la estabilidad de los alquileres con el aumento del plazo de los contratos de arrendamiento. El texto también propone que las entidades privadas del sector financiero que han recibido ayudas públicas deberán realizar una "necesaria contraprestación social" a la hora de evitar desahucios y ofrecer alternativas a personas en riesgo de exclusión.
Los promotores pretenden que la ley haga efectivo el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución a través de la colaboración y coordinación entre las administraciones públicas, que deberán desarrollar y aplicar las políticas de vivienda y garantía de suministros. Además, la ley se basa en los principios de planificación en materia de vivienda tanto para primar la cohesión social, "actuando siempre de acuerdo con las necesidades reales de los ciudadanos", como para respetar criterios de sostenibilidad medioambiental.
Una vez aprobada la toma en consideración, la proposición de ley será debatida en ponencia y Comisión, donde se votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios y se elaborará un dictamen.
