Fuentes parlamentarias han confirmado que el Gobierno ha pedido la celebración de ese Pleno, que tiene carácter extraordinario dado que la Constitución establece que los meses de julio y agosto están fuera del periodo ordinario de sesiones.
La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, será quien convoque la sesión plenaria para las nueve de la mañana del jueves 25 de agosto.
Y conforme a la solicitud del Gobierno, en el orden del día figurará el debate y votación de los tres últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno , que aunque ya están en vigor, deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de 30 días desde su publicación.
Entre ellos, el decreto ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, que incluye el plan de ahorro energético, cuyas primeras medidas se aplican desde la semana pasada.
Este Pleno extraordinario servirá también para que sus señorías se pronuncien sobre el decreto que actualiza la legislación básica en materia de incendios forestales y que obliga a una planificación anual de prevención, aprobado a principios de mes, y sobre el que contiene el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, aprobado a finales de julio.
Convalidación de decretos
Pero esa sesión no será sólo para convalidación de decretos, sino que también se aprovechará para aprobar definitivamente la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'sólo sí es sí', la Ley Concursal y la Ley de Ciencia.
El Gobierno confiaba en que el Senado dejara aprobadas estas normas antes del paréntesis estival, pero en el Pleno que tuvo lugar la tercera semana de julio la Cámara Alta introdujo varias enmiendas y los textos tienen que volver al Congreso.
La Ley Concursal, fuera de plazo
El Pleno del Senado tampoco pudo dar luz verde en julio a la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
A la Ley Concursal se han introdujeron tres enmiendas apoyadas por PP, ERC e Izquierda Confederal, Ciudadanos y parte del Grupo Mixto. Este proyecto normativo contempla reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.
También tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, un texto que debía haberse incorporado al ordenamiento jurídico español en julio de 2021. Ante la imposibilidad de cumplir ese plazo, el Gobierno solicitó una prórroga de otros doce meses, pero tampoco esta vez ha llegado a tiempo.
