Con esta decisión, el Gobierno da un nuevo impulso a este texto, ya que se encontraba en tramitación parlamentaria en la anterior legislatura y decayó con la convocatoria de elecciones generales.
Se trata de una norma pionera en Europa, cuyo objetivo es dar seguridad tanto a ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho a la defensa como a los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su labor, estableciendo un régimen de garantías y deberes.
Derecho de defensa
El texto recoge el ámbito de aplicación de la ley y los aspectos esenciales del derecho de defensa. Como novedad, extiende la garantía de este derecho, más allá de los ámbitos jurisdiccionales, a los medios alternativos de solución de controversias, que comprenden la mediación, el arbitraje y la conciliación. Además, establece de forma expresa que la utilización de los medios electrónicos en la actividad de los tribunales y la Administración de Justicia deberá ser compatible con el ejercicio efectivo del derecho de defensa en los términos previstos en las leyes.
El núcleo de la norma desarrolla el derecho de defensa en sus distintas dimensiones, como el derecho a recibir asistencia jurídica adecuada y de calidad, la libertad de elegir, renunciar y sustituir al profesional que presta la asistencia, y el derecho de las personas a ser oídas o informadas en detalle de todo lo relativo a su procedimiento.
Asistencia jurídica gratuita en situaciones de vulnerabilidad
El proyecto de ley establece que las personas en situaciones de especial vulnerabilidad podrán disfrutar de la asistencia jurídica gratuita, que ya no se facilitará solo a quienes acrediten falta de recursos económicos, según ha explicado Bolaños.
Es, además, la primera ley en recoger el derecho de la ciudadanía a que la Administración de Justicia se dirija a ellos en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y universalmente accesible, tanto en las notificaciones de actos, resoluciones y comunicaciones procesales como en cualquier información que precisen con relación a sus causas, estrategias procesales e intereses y derechos.
Operadores jurídicos
La norma recoge el papel de los Colegios Profesionales de la Abogacía a la hora de velar por el correcto cumplimiento de los deberes deontológicos de los letrados.
También se refiere específicamente a los profesionales de la abogacía con discapacidad, a quienes reconoce el derecho a utilizar la asistencia y los apoyos que sean necesarios para el efectivo desempeño de sus labores de asistencia.
“Aprobamos hoy una norma garantista para una de las piedras angulares de todo Estado Social y Democrático de Derecho, y lo hacemos centrándonos en las personas, sobre todo en quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y teniendo en cuenta la evolución tecnológica y organizativa de la administración de Justicia, por la que tanto estamos apostando", ha concluido Bolaños.
