URBANISMO

Control judicial de la discrecionalidad urbanística a partir de la participación pública

Foro 01-06-2013 Coordinador: Berberoff Ayuda

Planteamiento

Tras la estela de sus precedentes normativos, el artículo 4.e) del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo -EDL 2008/89754- proclama el derecho de todos los ciudadanos a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate.

No parece que el resultado de dicha participación genere obligaciones vinculantes para el planificador, aunque, ciertamente, insufla cierta legitimación democrática a los instrumentos de planeamiento.

¿Cuál es el alcance práctico de la participación ciudadana en la aprobación o revisión de los instrumentos urbanísticos?.

Bajo la premisa de que la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción (artículo 3.1 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo -EDL 2008/89754-), ¿resultan eficaces los tradicionales mecanismos de control judicial de la discrecionalidad administrativa para delimitar (o rechazar) la solución plasmada en un determinado instrumento urbanístico en contra de la opinión mayoritaria que resulte de la participación pública? En caso de respuesta negativa al anterior planteamiento ¿únicamente le queda a la ciudadanía acudir a la acción pública (ex art. 48 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo -EDL 2008/89754-)?.

 

Este foro ha sido publicado en el "Boletín de Urbanismo", el 1 de junio de 2013.

Puntos de vista

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Resultado

Resulta visible un alto grado de escepticismo en torno a la aptitud de la participación ciudadana a la hora de incidir sobre la configuración final del planeamiento.

Se enfatiza que si bien esa expresión de la democracia urbanística (el coraje cívico como se califica por algunos) permite modular la discrecionalidad política y técnica del planificador, no puede operar, en cambio, como un instrumento de modificación de la legalidad ni como un mecanismo de desestabilización del reparto de poderes.

La colaboración del ciudadano genera únicamente el derecho a obtener una respuesta motivada de la Administración, especialmente útil y relevante en un ámbito tan discrecional como el urbanístico, en el que el debate suele discurrir entre distintas opciones legítimas, siendo la Administración libre de aceptar las sugerencias formuladas.

Desde el punto de vista práctico, se alerta de que el trámite de información pública no llega siempre a conocimiento de toda la población, que la lectura y entendimiento de los documentos urbanísticos requiere un apoyo técnico adecuado y de que, a menudo, quienes formulan alegaciones pueden ser grupos que comparten un interés específico y derechos subjetivos (se habla incluso de que sólo los lobbies más poderosos estén en condiciones de modular la decisión del planificador).

La mayoría de respuestas cuestionan la eficacia de las técnicas clásicas de control de la discrecionalidad administrativa como instrumentos para reconducir la solución del planeamiento sobre la base del parámetro de la participación ciudadana.

No faltan quienes adicionan una perspectiva más amplia, esencialmente comunitaria y de sesgo medioambiental, a los efectos de completar una perspectiva general sobre la problemática planteada.

Control judicial de la discrecionalidad urbanística a partir de la participación pública
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