El texto tiene por objeto reforzar la protección de las personas más vulnerables en las relaciones de consumo. Así, se crea el concepto de consumidor vulnerable, que incluye a "aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad".
Por tanto, esta norma protege, entre otros, a colectivos vulnerables como menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, a aquellas personas que tienen dificultades por falta de accesibilidad a la información.
Tras la aprobación de este Real Decreto-ley, las empresas tienen la responsabilidad de prestar apoyo adicional en la información que facilitan para la toma de decisiones, con el objetivo de que los consumidores vulnerables no vean limitada su accesibilidad, así como prestar apoyo para asegurar la comprensión de los contratos que firman los usuarios.
Marco regulatorio común
El Real Decreto-ley, que modifica la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, se ampara en el artículo 51.1 de la Constitución Española según el cual "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".
Además, la figura de consumidor vulnerable se recoge en la Resolución del Parlamento Europeo (PE), de 22 de mayo de 2012, y está avalado por el resto de textos emitidos por las instituciones europeas. A nivel autonómico, el concepto de consumidor vulnerable está contemplado con el fin de proteger a determinados sectores en el acceso a servicios básicos, aunque varía de una comunidad a otra, por lo que con la nueva regulación estatal se aprueba por primera vez un marco regulatorio común en la materia.
