Civil

¿Cuándo puede determinarse que un incumplimiento contractual es un ilícito penal y cuando una cuestión civil? ¿En qué casos nos encontramos ante los contratos civiles criminalizados?

Foro Coordinador: Soler Pascual

Planteamiento

Se analiza por cinco Juristas la siguiente cuestión:

La crisis económica está propiciando que los delitos de estafa estén proliferando y se compruebe un importante repunte en este tipo de hechos. Así, los perjudicados están recurriendo a la vía penal en estos casos con la interposición de querellas contra los autores de estos "incumplimientos". No obstante, se está alegando en la mayoría de los casos como mecanismo defensivo que la conducta de la que se les acusa no constituye un ilícito penal, sino que se trata de un mero incumplimiento civil a dilucidar ante la jurisdicción civil, que no la penal. Nótese que en estos supuestos a los perjudicados les interesa iniciar la acción penal por cuanto a los que han incumplido el contrato les supone una mayor sanción la posible respuesta penal que el Estado prevé en estos casos por la vía penal, ya que la "amenaza" de una pena privativa de libertad tras un juicio oral es más "eficaz" que una condena civil que en el caso de insolvencia del condenado ningún daño personal le puede suponer. Por ello, planteamos cuáles son las condiciones diferenciadoras para entender que el incumplimiento de una parte es un contrato civil criminalizado y debe acudirse para sui resolución a la vía penal, o se trata de un incumplimiento que debe dilucidarse en la vía civil.

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de abril de 2014.

Puntos de vista

Joaquín Tafur López de Lemus

La línea divisoria del entre el dolo penal (preciso para que el negocio resu...

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Luis Alberto Gil Nogueras

A mi juicio lo esencial es la relevancia del engaño, puesto que de un delito...

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Alberto Pérez Ureña

Efectivamente, en los últimos tiempos se viene apreciando un aumento en el n...

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Enrique García-Chamón Cervera

El incumplimiento de un contrato recíproco puede originar un ilícito civil ...

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Luis Antonio Soler Pascual

Como dice la STS Sala 2ª de 14 julio 2011 -EDJ 2011/198019- u0022En los contrato...

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Resultado

1.- Es esencial el carácter preexistente de la intención de engañar sobre la celebración del negocio jurídico de que se trata, aunque también cabe que lo fuere concurrente (mucho más difícil de acreditar) pero lo más complejo y problemático es atender al requisito de la suficiencia del engaño, donde poco a poco se va abriendo camino un elemento subjetivo, en atención a la debilidad del sujeto engañado, puesto que si bien cabe entender como engaño bastante el que sirva para defraudar a un ciudadano medio con conocimientos normales, de inteligencia y cuidado también normal, el estafador puede haber elegido a sus víctimas debido precisamente a su endeble personalidad y cultura (STS de 11.7.2000 -EDJ 2000/21772-).

2.- Cabrá acudir a la vía penal cuando se den los requisitos anteriores en el engaño: generalmente preexistente (puede serlo concurrente) al acto que sea suficiente en los términos examinados, y que dé lugar al desplazamiento patrimonial. En otro caso habrá que acudir a la vía civil

3.- La estafa, en los supuestos de los llamados negocios jurídicos criminalizados, tiene lugar en aquellos casos donde el autor simula un propósito serio de contratar, cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, vulnerándose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuridicidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo

4.- En el incumplimiento de una obligación contractual constitutivo de un ilícito civil, el dolo, referido al conocimiento y voluntad de incumplir, aparece con posterioridad al acto de disposición, por lo que no puede apreciarse la existencia de un engaño que hubiera causado el error determinante de aquel. En este caso, quien contrae una obligación se encuentra en una situación en la que podría hacerle frente o bien dispone de razones para pensar que podrá hacerlo al tiempo del cumplimiento, siempre desde un análisis racional, por lo que el incumplimiento de lo acordado solo podría dar lugar a la correspondiente reclamación en vía civil.

Cuestión distinta es la existencia de pruebas respecto de la voluntad oculta de no cumplir la obligación propia y beneficiarse del cumplimiento de la ajena.

La intención del sujeto activo del delito es un hecho subjetivo precisado de prueba, cuya existencia no puede acreditarse normalmente a través de prueba directa, siendo necesario acudir a un juicio de inferencias para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados.

5.- Como dice la STS Sala 2ª de 14 julio 2011 -EDJ 2011/198019- u0022En los contratos criminalizados, el sujeto activo excluye de antemano el cumplimiento de los deberes asumidos contando con que así lo hará la otra parte contratante, enriqueciéndose con la prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude

6.- Es el dolo antecedente o in contrahendo el que caracteriza el ilícito penal frente al mero ilícito civil, en modo tal que es la intención inicial de no hacer efectiva la contraprestación o la tenencia de la conciencia de la imposibilidad de cumplirla la que permite tener al contrato como un mero instrumento del fraude. Es decir, es el elemento subjetivo el que marca la frontera entre un ilícito u otro si bien es cierto que serán los aspectos objetivos los que delimitarán la realidad de la intencionalidad, siempre oculta, en el contratante.

7.- La acción penalmente típica no debe ser confundida con el simple incumplimiento de la obligación prometida, pues en este caso el dolo (conocimiento y voluntad de incumplir) aparece con posterioridad al acto de disposición efectuado de contrario, por lo que no puede ser tenido como causante de éste. En el ilícito penal de la estafa, el sujeto activo sabe, desde el momento de otorgamiento del contrato, que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe. Cuando el dolo del autor surge con posterioridad, y da lugar al incumplimiento de la obligación, ese u0022dolo subsequensu0022 es de naturaleza civil y no puede fundamentar la tipicidad del delito de estafa, porque ésta requiere un nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el desplazamiento patrimonial generador del perjuicio.

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