La comparecencia tendrá lugar apenas tres días después de la comparecencia ante la misma Comisión parlamentaria del titular del Justicia, Juan Carlos Campo, que es quien ha anunciado la fecha relativa a Delgado este martes en el Senado, durante su primera intervención en una sesión de control desde que tomó posesión del cargo.
El análisis de los requisitos formales para su nombramiento que tuvo lugar el pasado 16 de enero en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) distó mucho de ser un mero trámite, provocando la ruptura del órgano de gobierno de los jueces con un aval que obtuvo doce votos a favor y siete en contra.
Argumentos en contra en el CGPJ
Entre los argumentos de los discrepantes se encontraba el hecho de que hasta el momento de su designación fuera, no sólo ministra de Justicia, sino diputada por el PSOE, que la integró en sus listas por Madrid en los comicios del pasado mes de noviembre. Ello, a juicio de los que votaron en contra de otorgarle la idoneidad, pon en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.
Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.
En cuanto a los precedentes tenemos que retrotraernos a la época de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, y cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco, teniendo en cuenta que en ese momento no se requería el trámite para la obtención de la idoneidad en el Congreso.
