Delgado ha ordenado suspender las visitas de inspección presenciales realizadas por las distintas fiscalías territoriales, si bien ha garantizado la continuidad de la atención al público a través de los medios telemáticos, así como la utilización de las nuevas tecnologías en la celebración de vistas o comparecencias.
Además, ha puesto el acento en la conciliación familiar y en el aseguramiento de que la asistencia a las sedes fiscales y judiciales "debe ir acompañada de la garantía de cumplimiento de las prevenciones establecidas por las autoridades sanitarias".
No obstante, ha primado la autonomía de los territorios y de las jefaturas para ejercer sus competencias organizativas en función de la evolución de la situación sanitaria, estableciendo como "criterios irrenunciables" de actuación la protección de la salud y la mejor prestación del servicio, muy particularmente de los servicios esenciales.
Con todo ello, "la Fiscalía General del Estado pretende reaccionar con prontitud para dar una respuesta proactiva, rápida y eficaz a la incidencia que la actual situación de crisis sanitaria pueda tener en la Administración de Justicia y, en concreto, en la prestación del servicio público por parte del Ministerio Fiscal", según un comunicado.
El decreto adapta las disposiciones de la Ley 3/2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia; del Real Decreto-Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia; y del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma.
