Así lo ha manifestado la plataforma de la discapacidad en una carta remitida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que explica que “todos los litigios relacionados con la Ley 39/2006 han de pasar de la jurisdicción contencioso-administrativa, la actualmente competente, a la social, como es lo propio por razón de la materia”. En este sentido y dado el carácter absolutamente social de la Ley 39/2006, exige con apremio al gobierno la efectiva protección de las personas beneficiarias de esta ley, es decir, “personas mayores y con discapacidad”.
Tal y como asegura el CERMI en este escrito, en el año 2017, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados planteó la Proposición de Lev sobre atribución competencial a la jurisdicción social en materia de atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, y pese a los permanentes recordatorios e instancias del CERMI, no prosperó en ese periodo la proposición de Ley.
A estos efectos, el movimiento considera que el “Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, es una oportunidad inestimable” para incluir en el mismo previsiones en base reguladora de la Jurisdicción Social.
Por todo ello, la plataforma solicita al Gobierno, a través de su Ministerio que “promueva esta modificación legal, con prontitud”. De esta manera, según el CERMI, “se recobraría progresivamente el vigor que siempre debió tener y mantener el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” puesto que ahora se encuentra “debilitado y lejano de los propósitos de su creación.
