La tramitación como proposición de ley ha culminado este miércoles su primera fase, con la aprobación de la norma, que ahora pasará al Senado para continuar con el proceso.
Entre sus principales aportaciones, se encuentra la declaración de esenciales de todos los servicios de atención y protección a las víctimas de esta lacra, con el objetivo de que estas pudieran seguir beneficiándose de ellos durante el estado de alarma.
Acuerdos de mejora
Además, se reforzaron los sistemas de atención telefónica a víctimas de esta violencia, ya que la presencial no era posible. Además, se crearon canales a través de WhatsApp para adaptarse a la nueva situación. Durante la tramitacíón en el Congreso, se ha incluido en la norma que este servicio de Whatsapp permanezca tras terminar el estado de alarma en el que se encuentra el país.
Por otra parte, una transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu permitirá garantizar la protección de víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con esta lacra.
Asimismo se garantiza la provisión de los servicios que se incluyen en el texto "mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19" y que impliquen "alteraciones de la normalidad" y también "especial vulnerabilidad" de las víctimas.
Se incluye la prestación de seguimiento especial, por parte de las administraciones, a los hijos de las víctimas mientras se prolongue la situación de emergencia; y un refuerzo para la recuperación sociolaboral de las mujeres que sufren esta violencia, especialmente las que ahora están en ERTE.
Mujeres doblemente discriminadas
Los grupos parlamentarios han negociado la recogida de garantías para que las mujeres que sufren discriminación interseccional también reciban los servicios necesarios. Estas son mujeres con discapacidad, que viven en el rural, de etnia gitana o de otros grupos especialmente vulnerables.
También se ha acordado incluir el refuerzo y adaptación de estos servicios a mujeres que sufran doble o triple victimización, es decir, mujeres con alguna discapacidad, que vivan en el rural, que sean de etnia gitana o que pertenezcan a otros grupos sociales más vulnerables.
