La propuesta del Ejecutivo, que se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros en su sesión de fecha 8 de septiembre de 2020 --en el marco del Plan Anual Normativo 2020--, establece reformas mediante tres artículos que se completan con tres disposiciones transitorias.
En concreto, contempla cambios en tres textos legales: la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
La iniciativa busca dar una "respuesta integral y coherente" a las objeciones que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente que atañen al acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y señaladamente a la interacción entre una y otra.
"Acomodar" la legislación europea
Según precisa el Gobierno en el proyecto de ley, se trata de "acomodar" la legislación española a las previsiones del derecho europeo relativa a servicios en el mercado interior, lo que se concreta en esta propuesta normativa que incide sobre tres ámbitos concretos de actuación: el relativo a la existencia de una reserva de actividad para el ejercicio de la procura; el de la prohibición de las sociedades de carácter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura y la abogacía; y la modificación del sistema de aranceles.
En el caso de la reserva de actividad para el ejercicio de la procura, se propone su flexibilización para permitir que también los abogados puedan asumir la representación técnica de las partes y desarrollar el resto de las funciones que son propias de los procuradores --aunque no de forma simultánea al ejercicio de la profesión de abogado--.
Sobre la prohibición de las sociedades de carácter multidisciplinar, con esta reforma las sociedades de abogados podrán incorporar procuradores como socios profesionales, al igual que las sociedades de procuradores podrán incorporar abogados, preservando cada uno sus competencias, responsabilidades y obligaciones propias. "Se trata de una gran reforma que busca dinamizar un mercado saturado, permitiendo ahorrar costes a abogados y procuradores", destaca la propuesta.
Cambio del sistema de aranceles
En el caso de la modificación del sistema de aranceles, la proposición del Ejecutivo pretende ampliar la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal y, específicamente, "busca fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto", estableciendo, a su vez, que "el sistema arancelario de los procuradores no podrá fijar un límite mínimo".
La elaboración y aprobación del anteproyecto de ley que reforma las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador se acordó en enero de 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en respuesta a la directiva europea del 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior.
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