El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2016, que recoge la integración de las empresas públicas de los Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Sureste, Henares, Infanta Leonor y Tajo, en los que trabajan más de 5.600 profesionales, en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) como centros de atención hospitalaria de gestión directa.
Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha comparecido ante los medios tras la reunión de Consejo de Gobierno junto a al portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, y a la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo. Esta medida se llevará a cabo una vez que se produzca la extinción de su condición actual de empresas públicas, que está prevista para el 30 de junio de 2016. De esta manera se da cumplimiento a uno de los compromisos en el ámbito sanitario contraídos por la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes.
El Ejecutivo autonómico ha decidido incluir esta propuesta en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016 que permitirá que estos centros de atención hospitalaria se homologuen al resto de hospitales de gestión directa, reforzando así la apuesta de la Comunidad de Madrid por los modelos de gestión ya consolidados en el Sermas. El personal de la Comunidad adscrito a las entidades que se suprimen continuará prestando los servicios en los mismos centros hospitalarios.
Además, se han incluido en la Ley varias medidas relacionadas con la gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario. Así, se crean las nuevas categorías profesionales de enfermero/enfermera especialista, óptico optometrista, auxiliar de farmacia y técnicos de emergencias sanitarias. Además de la creación de estas categorías, se deroga la declaración a extinguir de veintiséis categorías de personal estatutario de gestión y servicios en la sanidad pública, como albañil, cocinero, telefonista, peluquero, etcétera.
También en materia de personal de la Comunidad de Madrid, se deroga la regulación que establecía que, para los concursos de méritos de funcionarios, no se computara como trabajo desarrollado los períodos por incapacidad temporal o por licencias sin sueldo.
Se suprimen tres tasas
Entre las medidas tributarias que recoge el proyecto de Ley, se ha eliminado la tasa que deben pagar los usuarios del sistema sanitario público por emisión sucesiva de la tarjeta sanitaria, sea por robo, rotura o extravío. De esta forma, los ciudadanos no deberán abonar los 10 euros de la tasa actual.
Se suprimen también otras dos tasas: la tasa por ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras y la tasa por autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades públicas o privadas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Medidas de racionalización y simplificación
El proyecto de ley contiene nuevas medidas de reducción de estructura y racionalización del sector público de la Comunidad de Madrid. Con ellas se consigue, desde que comenzó la Legislatura, una reducción del 24% en el número de organismos públicos de la Comunidad de Madrid, pasando de 54 a 41 entre Consejerías, Organismos, empresas y demás entes.
Tras la supresión del Consejo Consultivo, se adapta la Ley de Creación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) para que este asuma la función que el Consejo tenía atribuida en materia de transparencia. Entre sus competencias se encuentra la resolución de reclamaciones frente a la administración madrileña o cualquier municipio de su territorio en materia de acceso a la información, tal y como prevé la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, el TACP asumirá las competencias en materia de buen gobierno, en particular la incoación, instrucción y propuesta de resolución de procedimientos sancionadores a altos cargos de la Comunidad de Madrid en esta materia.
Al objeto, también, de racionalizar el gasto y simplificar estructuras se suprime el Jurado Territorial de Expropiación -el órgano que fija el justiprecio en expropiaciones de la Comunidad de Madrid o de sus municipios-, cuyas funciones serán ejercidas por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, conforme a la normativa básica estatal.
Por otro lado, el proyecto de Ley modifica la regulación de los órganos de gobierno de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), con el fin de adecuarla a las nuevas estructuras creadas en el pasado mes de julio, que supusieron la supresión del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM).
De esta manera, la AMAS asume las competencias de gestión de los centros públicos de acogimiento residencial de menores de la Comunidad de Madrid, que se suman a las que ya tenía con los centros públicos de atención a personas mayores y personas con discapacidad intelectual. El resto de competencias del extinto IMFM ya fueron asumidas por la Dirección General de la Familia y el Menor.
Se extiende la asistencia de los letrados de la Comunidad
Como complemento a las medidas de racionalización del gasto público, se modifica la Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid para ampliar los sujetos a los que la Abogacía General podrá prestar asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio. Con esta modificación, la asistencia de los Letrados de la Comunidad se extiende, previa firma de convenio, a todo el sector público autonómico (también a fundaciones, consorcios y cualquier otro ente) y a las entidades locales de la región.
Este cambio está en línea con el modelo ya implantado con éxito en la Administración del Estado y permitirá ahorros de costes por la utilización de medios propios para la defensa jurídica de la Comunidad de Madrid. En este ámbito, se atribuye al director general de los Servicios Jurídicos la capacidad para adscribir a los letrados en cada una de las consejerías.
En otro orden de cosas, el proyecto de Ley prevé la creación del Consejo de Estudiantes universitarios como órganos de participación y consulta, así como la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, que coordinará las actuaciones en esta materia entre las distintas consejerías. Dicha creación no supondrá un mayor gasto para la administración regional.
Inmovilizar vehículos de transporte urbano sin licencia
La Ley de Medidas contempla una modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, con el objetivo de perseguir de manera más efectiva los servicios de transporte urbano que no cuenten con licencia municipal. Para ello, se podrá inmovilizar el vehículo sin necesidad de que el responsable hubiese sido sancionado en los doce meses anteriores, por la misma infracción, requisito que recoge la actual legislación. Dicha inmovilización podrá evitarse si se abona la cuantía de la sanción en el momento de la denuncia en concepto de depósito.
En este sentido, la nueva redacción precisa que se inmovilizarán los vehículos infractores, incluso cuando las personas responsables tengan su residencia en España, ya que las Leyes estatales solo prevén la inmovilización del vehículo para infractores extranjeros. Por último, se añade la compatibilidad de la sanción con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por la realización de dicha actividad.
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad
El proyecto de Ley modifica la denominación de la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que pasará a
denominarse Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, más acorde con la actividad y las nuevas funciones de la Agencia. En este sentido, se encargará del registro y mantenimiento de los nombres de dominio bajo el nuevo dominio genérico de ".madrid", así como de la tramitación económica y administrativa de otros nombres de dominio que identifiquen en Internet, a la Comunidad de Madrid y a sus instituciones.
Además, la Ley prevé que la Intervención General ejerza el control financiero permanente de la actividad económico-financiera de la agencia, y la función interventora respecto a su actividad subvencional.
Incentivar la actividad industrial y el reequilibrio territorial
Para incentivar la actividad industrial en la región, se prorroga durante 2016 la rebaja en el 95% de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para las operaciones de compra de suelo industrial en el Corredor del Henares, Sureste y Sur Metropolitano. El objetivo de esta medida es potenciar la dinamización de la actividad económica en nuestra región facilitando la adquisición y acondicionamiento de inmuebles para uso industrial.
Por otra parte, se posibilitará que los ayuntamientos con menos de 2.500 habitantes no tengan que cofinanciar, cuando así se justifique, las actuaciones contempladas en el Plan Regional de Inversiones (PRISMA). De esta forma, será el decreto de aprobación del mencionado Plan el que establezca la cofinanciación que le corresponda a los municipios.
Acceso a conciertos y espectáculos a menores de edad
La Ley de Medidas contempla la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos, de manera que se introduce la posibilidad de que los menores de dieciséis años puedan acceder a salas de fiestas, de conciertos, de baile o discotecas cuando vayan acompañados de padres, tutores o una persona mayor de edad responsable. Además, se añade que los menores de dieciocho años, cuando se trate de establecimientos donde se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, deberán ser identificados para evitar que puedan consumir alcohol. Asimismo, los establecimientos podrán disponer de sesiones especiales para mayores de catorce años, con horarios y señalización diferenciada.
Otras medidas contempladas en la Ley
En materia de vivienda, se posibilitará que los ocupantes sin título (en la mayoría de los casos familiares del adjudicatario inicial en régimen de arrendamiento) de viviendas protegidas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid puedan permanecer en el inmueble con un contrato de arrendamiento, siempre y cuando pueda acreditar que ha sido su vivienda habitual en los últimos doce meses.
En materia de Juego, se adapta la Ley de Juego de la Comunidad a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, lo que permite dar validez en nuestra región a las homologaciones de materia de juego y al registro de las empresas de juego en otras comunidades autónomas. Además se regulará la instalación en establecimientos de juego de terminales físicos de juego online.
Por otra parte, se autoriza por Ley la cesión de datos de carácter personal, de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI), entre el Servicio Público de Empleo y la Consejería de Políticas Sociales. De esta forma, se garantiza la puesta en marcha de políticas activas de empleo adecuadas a los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción que mejoren sus posibilidades de acceso al mercado de Trabajo.
La Ley de Medidas también introduce mejoras en los procedimientos de evaluación ambiental y modifica el régimen sancionador para tipificar nuevas infracciones en la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, se propone modificar la Ley regional de Protección y Fomento del Arbolado Urbano para facilitar la prevención de incendios en las zonas limítrofes entre áreas edificadas o vertederos y zonas forestales. La actual redacción de la norma plantea problemas cuando se trata poner en práctica medidas para evitar incendios en estos casos, en aplicación del Plan de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (Infoma). Con este cambio, se garantiza que la franja que separa zonas edificadas de zonas forestales quede, sin excepciones, libre de arbustos o vegetación.
