Según informa la Fiscalía General del Estado en una nota, se trata del único asunto del día que abordará el Pleno y que tiene lugar apenas unas semanas después de que el Ejecutivo haya aprobado la distribución de un crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, destinado a la modernización tecnológica.
El Consejo de Ministros aprobó este crédito acordado en el Pleno de la última Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 26 de julio y con el que se busca mejorar las comunicaciones electrónicas gracias a la consecución de un sistema de gestión procesal común.
Sin embargo la Justicia digital también ha sido noticia recientemente debido a una serie de fallos registrados recientemente en el sistema de comunicaciones Lexnet que ha provocado, como ocurrió a finales de julio, que medio centenar de abogados y procuradores pudieran tener acceso a documentos de compañeros tras conocerse el fallo en el sistema.
En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia apuntó que, pese a ello, el sistema ha fallado sólo un 0,75% del tiempo total de funcionamiento. Además adelantó que el 85% de los órganos unipersonales de todo el territorio están trabajando en digital.
Implantación de la Justicia Digital
Según Catalá, el 100% de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia del territorio del Ministerio trabajan en digital, al igual que toda la planta judicial de Extremadura, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
El Tribunal Supremo ha empezado con Justicia digital en la sala cuarta y las fiscalías (Valladolid y Badajoz) también han empezado a tramitar y relacionarse con la oficina judicial. Además, según ha apuntado, jueces fiscales y letrados firman electrónicamente sus resoluciones: más de 8,5 millones en año y medio.
El objetivo del Gobierno es avanzar en la integración tecnológica plena de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal. En la actualidad existen nueve sistemas procesales diferentes, resultando muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones.
