La consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, presenta el informe sobre el Estado de la Justicia en la región respaldado por todos los responsables de la Magistratura madrileña, que además han colaborado en el desarrollo de este estudio y las 80 medidas de mejora que se proponen en el mismo. Precisamente, Plañiol explicó que el objetivo de este análisis ha sido abordar una eficiencia y eficacia en la gestión, sin que afecte al presupuesto e incluso algunas de las propuestas reflejadas que son competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico se van a adoptar de forma inmediata.
Entre ellas, la responsable regional destacó el estudio sobre las cargas de trabajo en los diferentes organismos judiciales, que permitirá la reorganización posterior de los efectivos conociendo las necesidades reales de cada ámbito judicial y las necesidades de refuerzo. La primera unidad donde se llevará a cabo será la Audiencia Provincial, con el fin de obtener los primeros resultados después del verano. Asimismo, el control horario de todos los 6.762 empleados públicos de este área a través del sistema informático FIVA (Fichaje y Vacaciones) será efectivo a partir del 1 de junio.
“Madrid –aseguró la consejera- es la primera comunidad autónoma en número de funcionarios por juez, con un total de diez funcionarios por cada magistrado, pero tenemos que saber aprovechar ese capital humano para que se traduzca en un mejor funcionamiento de la justicia”. Con este mismo objetivo, también se propone la movilidad de destino de los empleados públicos, sistemas más ágiles para la gestión, detección y satisfacción de necesidades de plantilla, la reducción al máximo del número de interinos, que suponen un 22% del total de la plantilla, y formación especializada para los profesionales de nuevo ingreso o aquellos que cambien de jurisdicción.
En 2015, Administración Judicial Electrónica
Pero además de las medidas sobre el personal, la reorganización del trabajo se basa también en la potenciación de la Administración Judicial Electrónica, que será una realidad en 2015 gracias a un estricto calendario de implantación. Así, se pretende generalizar la firma electrónica, se extenderá el sistema procesal Lexnet, se llevará a cabo una comunicación directa de los órganos judiciales con los centros penitenciarios y se incorporaran garantías a la grabación de las vistas, para extender este método.
Asimismo, antes del verano se pondrá en marcha la Junta de Expurgo, cuyo objetivo es determinar la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico, así como un sistema ágil para la devolución de documentos.
“Todas estas medidas –continuó la consejera- muestran una prioridad que es la agilización de la justicia y la eficiencia en la misma, pero esto será imposible si no conseguimos además reducir la litigiosidad, teniendo en cuenta que Madrid es la región con la tasa más alta de España en el número de asuntos ingresados”. En 2011, los juzgados madrileños recibieron 1,4 millones de asuntos nuevos, con una tasa de 230,82 asuntos por cada 100.000 habitantes lo que implica 2.914 asuntos por juez al año.
Según Plañiol, esta necesidad de reducir la litigiosidad es un objetivo compartido por todos los participantes en el informe, cuya presencia en la rueda de prensa agradeció. Entre otros se encontraba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira; el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, el Juez Decano de Madrid, José Luis González Armengol; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer; y el secretario de Gobierno del TSJM, José Palazuelos.
Coste judicial de 1.300 euros por un hurto de 30
Para conseguir este fin, el estudio respalda la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la resolución alternativa de conflictos como la mediación o el arbitraje o la despenalización de faltas. Igualmente, se apoya las tasas judiciales siempre que no se produzca una merma de la tutela judicial efectiva y se emitirá a modo informativo la factura judicial. “Es muy importante –continuó la responsable autonómica- que los ciudadanos conozcan el coste judicial de los procesos, ya que por ejemplo un juicio rápido por un simple hurto de 30 euros puede tener un gasto para la administración 40 veces superior, es decir, hasta de 1.300 euros”.
Precisamente en el ámbito presupuestario, la Comunidad de Madrid ha realizado un esfuerzo muy importante desde que recibiera las competencias en el año 2003, pasando de 141 millones a 362 millones en el presente año. Y dentro de este capítulo, la justicia gratuita ocupa un lugar preferente, alcanzando el año pasado un coste de 44 millones correspondiente a más de 103.000 expedientes.
El Gobierno regional cree profundamente en la justicia gratuita, pero según recoge el informe se debe controlar que el beneficiario de este derecho es realmente quien lo necesita. Por ello, se pretende utilizar instrumentos telemáticos que permitan un mejor control de las solicitudes, desde dos ámbitos, la verificación de la insuficiencia de recursos para litigar y que los abogados y procuradores realizan una gestión adecuada sin pretensiones insostenibles.
Reagrupación de sedes judiciales
Finalmente, Regina Plañiol hizo referencia al proyecto recuperado de la Ciudad de la Justicia, “una actuación que cuenta con el respaldo de todos los responsables de la justicia madrileña y que se puede conseguir si se plantea de forma más austera y con participación público-privada”. Mientras se convierta en una realidad, el Gobierno regional continuará con la reagrupación de sedes judiciales (actualmente existen 82) con la que busca, por una parte, ofrecer un mejor servicio a los madrileños y a trabajadores de los mismos, con el objetivo de que hagan menos desplazamientos para sus gestiones y de ahorrar en los costes de funcionamiento de los juzgados en lo que a alquileres se refiere.
En el caso concreto del Partido Judicial de Madrid, ya se ha iniciado la reagrupación de sedes en los ejes de Plaza de Castilla y Princesa-Gran Vía. En este sentido se propone, además, la limitación del tiempo de apertura de los edificios judiciales más allá del horario de servicio al público para ahorrar. A nivel general se apoya la propuesta del CGPJ de reducir el número de partidos judiciales, actualmente hay 21 en la región, que pasarían a ser más amplios y se complementaría con Juzgados de Base.
También se pretende colaborar con el Ministerio de Justicia en el rediseño de la nueva oficina judicial, ofreciendo a Madrid como banco de pruebas, y evitando duplicidades con las oficinas civitas y la red regional de oficinas judiciales locales y de distrito, que se irán eliminando y reasignado a sus efectivos a nuevas unidades de apoyo al Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y la Fiscalía Superior.
“En definitiva –concluyó la consejera- se trata de buscar la efectividad de cara al ciudadano y en cumplimiento de la Justicia, unos logros en los que están implicados muchos actores pero en los que existe un amplio consenso, por lo que esperamos que estas medidas se puedan conseguir a lo largo de esta legislatura”.
