El Consejo de Ministros ha aprobado Fátima Báñez el proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una vez que se ha recibido el informe favorable del Consejo Económico y Social, según un comunicado del Ministerio de Empleo.
El Consejo Económico y Social comparte la necesidad de modernizar y actualizar la Inspección y ha expresado una valoración general positiva del proyecto de ley, de sus propósitos y objetivos, realizando diversas mejoras técnicas que han sido incorporadas al texto.
Con esta reforma, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo que permitirá disponer de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social más coordinada y más eficaz, que siga estando al servicio de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad.
La nueva norma es una de las reformas anunciadas por Rajoy en el pasado Debate sobre el estado de la Nación, y está incluida en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio.
Forma parte también del Programa Nacional de Reformas presentando a las instituciones europeas y del Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA).
La adopción de esta de Ley supone la continuación y el complemento necesario de las diversas reformas estructurales adoptadas por el Gobierno desde 2012 para la modernización del mercado de trabajo, la sostenibilidad presente y futura del sistema de Seguridad Social y la transformación de las políticas de activación para el empleo y de la formación profesional para el empleo.
Modernización de la Inspección
El proyecto de Ley supone la actualización de la normativa vigente, que data de 1997. El nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social garantiza su estabilidad e integridad institucional y fortalece la colaboración y participación de Comunidades Autónomas y agentes sociales.
Uno de sus aspectos más destacados es la configuración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo de nueva creación, que prestará servicio a la vez a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas. Se reconoce también mayor participación de los agentes sociales en la definición de la organización y los objetivos de la Inspección.
Junto a ello, la futura ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con ese objetivo, se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Igualmente, las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ven potenciadas a través de varias vías:
1. Consagrando un modelo generalista de Inspección, más eficiente y con procedimientos de actuación simplificados.
2. Actualizando los medios operativos, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones con los trabajadores y empresas.
3. Mejorando las competencias de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social que ahora podrán investigar abusos en la contratación temporal y en el trabajo de menores.
4. Reforzando la independencia técnica del personal inspector.
Lucha contra el empleo irregular y el fraude laboral y a la Seguridad Social
Otro de los objetivos del Anteproyecto de Ley es seguir mejorando la eficacia de las actuaciones contra el fraude laboral. Para ello, se creará dentro del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
De esta Oficina formarán parte todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
De esta manera, se pretende mejorar la colaboración institucional entre Administraciones Públicas y se permite una mejor ordenación de las actuaciones de lucha contra el fraude. La nueva Oficina servirá de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado, en preparación en el marco de la Unión Europea.
En abril de 2012 el Gobierno aprobó un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral de actuación en la lucha contra el fraude, con medidas normativas, institucionales, de gestión y de prevención y sensibilización social.
En concreto, se ha modificado el Código Penal, agravándose las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.
También se han reforzado la coordinación y colaboración entre organismos y administraciones. Junto a la creación de una Unidad Especial de apoyo y colaboración de la Inspección de Trabajo con Juzgados, Tribunales y Fiscalía General del Estado, se han firmado convenios de colaboración con organismos estatales, como la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las comunidades autónomas y entidades como el Consejo general del Notariado y el Colegio de Registradores de España.
Del mismo modo, se ha reforzado la estructura operativa de la inspección de Trabajo, con el incremento de medios personales:
- Entre 2012 y 2015 se habrán incorporado 201 nuevos efectivos entre Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
- 88 más están en proceso de selección y se incorporarán en 2016.
- Asimismo, en el marco del compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude, la Oferta de Empleo Público de 2015 ha previsto un refuerzo extraordinario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de tal forma que el total de plazas ofertadas entre Inspectores y Subinspectores será de 114 nuevos efectivos.
