"Tal vez fuera el momento de pensar en equiparar las uniones de hecho de los españoles, para lo que sería necesario que el Estado lo asumiera con plenitud, exigiendo forma notarial y un sistema de inscripción con garantía de seguridad jurídica", manifestó el notario Federico Cantero durante el curso Nuevas tendencias en el Derecho de Familia, organizado por el Consejo General del Notariado, los días 7 y 8 de julio, dentro del programa de cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
"En el orden práctico, la asunción de tal competencia debería complementarse con el pacto con las Comunidades Autónomas de la derogación de la totalidad de las leyes de pareja. Mientras tanto sólo cabe reducir la incertidumbre en que nos hallamos aconsejando a los convivientes que utilicen la escritura pública para que su unión produzca los efectos lícitos que quieran alcanzar o que quieran evitar", concluyó Cantero.
Por su parte, la catedrática de Derecho Internacional Privado de la UNED, Mónica Guzmán, puso de manifiesto que "la transformación de la sociedad española en una sociedad multicultural plantea diversos retos al Derecho. Por una parte, la existencia de matrimonios polígámicos infringe los derechos fundamentales de igualdad y dignidad de la mujer y genera situaciones de injusticia social que es preciso resolver. Por otro lado, las restricciones impuestas a la inmigración potencian prácticas fraudulentas con el fin de sortearlas, colocando a los llamados matrimonios de conveniencia en un primer plano de preocupación en la Unión Europea".
La jurista también señaló que en nuestro país es una práctica prohibida "la maternidad subrogada o maternidad de alquiler como un modo más de establecer la filiación, lo que provoca el desplazamiento de parejas al exterior, siendo las autoridades consulares españoles las que deben enfrentarse a estos supuestos".
En la inauguración del curso, el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Salvador Torres, destacó que el tema elegido–el Derecho de Familia- responde a la preocupación del colectivo notarial "por las demandas de la gente. Los despachos notariales están en la 'primera línea' de las preocupaciones jurídicas cotidianas de los ciudadanos'. Por su parte, el director del curso –el notario José Luis Espinosa- manifestó el interés despertado por esta rama del Derecho Civil, generado "por la nueva realidad y los recientes cambios legislativos". Por parte de la UIMP participó en la inauguración su secretario general, Álvaro Gutiérrez Berlinches.
Protección jurídica de las personas vulnerables
La catedrática de Derecho Civil, María Ángeles Parra, analizó en su intervención los diferentes mecanismos jurídicos de protección patrimonial y personal de los colectivos más vulnerables –especialmente, mayores-. Para la civilista "debe evitarse la 'infantilización' jurídica actual de las personas con discapacidad. Ellos deben ser los que deciden sobre su futuro y debemos respetar su autonomía de la voluntad". Parra señaló que "figuras como la autotutela y los poderes preventivos ante notario son medidas que permiten proteger a los mayores de abusos de terceros. Ambas responden a la idea de confiar la protección futura en alguien cercano.
El notario Manuel Ángel Martínez coincidió con Parra en que "no es necesaria la incapacitación judicial vigente en la actualidad para proteger a la persona". Según Martínez "La protección de los discapacitados es un deber público. Las fundaciones tutelares y el tercer sector son imprescindibles para articular la protección de las personas con discapacidad, por lo que se deben adecuar las posibilidades de los sistemas públicos adoptando similares medidas.
Por último, la notaria María de los Reyes Sánchez Moreno, realizó un repaso exhaustivo por el derecho comparado exponiendo el estado actual del Derecho de Familia en los diferentes ordenamientos comunitarios. "Igualdad, filiación, adopción, mediación familiar, regulación de parejas de hecho y técnicas de reproducción asistida son los grandes protagonistas de este proceso de cambio que se ha iniciado ya en todos los Estados, aunque de manera desigual; por ejemplo no hay unanimidad en la regulación de las parejas de hecho y el matrimonio homosexual en países donde el aspecto religioso es importante".
Estadísticas notariales
La realidad diaria de la casi 3.000 notarías españolas existentes, repartidas por el país, muestra que entre enero de 2007 y mayo de 2015 más de 322.000 parejas han realizado capitulaciones matrimoniales de separación de bienes (152.000 antes de casarse y 170.000 después) y que casi 33.000 se han declarado parejas de hecho ante notario para protegerse económica y jurídicamente. Las estadísticas notariales también muestran la preocupación de los españoles por dejar dicho cómo quieren ser atendidos y por quién o cómo y quién desean que administre su patrimonio en previsión de desarrollar una enfermedad que les impida manifestar su voluntad, así como si desean o no que se les prolongue la vida artificialmente. Prueba de ello es que en este mismo periodo, en las notarías se han constituido más de 34.000 voluntades anticipadas ('testamentos vitales'); más de 19.000 autotutelas (designación de un tutor), y más de 13.000 poderes preventivos (designación de una persona para que actúe en nuestro nombre en caso de incapacidad). Aunque las cifras sean bajas en términos cuantitativos, el cambio de tendencia en estos casi siete años y medio es muy alto, superior al 730% en los poderes preventivos, del 135% en las autotutelas y del 117% en voluntades anticipadas, lo que es una muestra evidente de que los españoles empiezan a tomar conciencia de esta problemática.
Dirigido por el notario José Luis Espinosa de Soto –con el también notario Luis Hernández Lavado, como secretario-, este seminario será clausurado por el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes.
Cuenta con la participación de catedráticos (como María de los Ángeles Parra, Mónica Guzmán y Lorenzo Prats); notarios (Manuel Ángel Martínez, Ignacio Solís, Víctor Garrido, Federico García Cantero y José María Navarro), y magistrados (José Luis Seoane y, Francisco Marín Castán).
