El grupo proponente sustenta esta iniciativa en el descubrimiento de numerosos casos de financiación ilegal que, asegura, "llevan al descrédito del sistema representativo y amenazan con socavar la solidez de la democracia". Argumenta que se ha convertido en un problema de "dimensiones preocupantes", especialmente cuando existen redes organizadas desde el seno de un partido y en las que aparecen implicados sus cargos públicos y orgánicos. Por ello, consideran "imprescindible" reformar el Código Penal.
Compromís defiende que estas fuentes ilegales de ingresos permiten a los partidos que se benefician de ellas desplegar un nivel de actividad por encima de sus posibilidades y adquirir ilícitamente una posición de clara ventaja sobre las formaciones políticas que ajustan su financiación a los parámetros legales.
Según los proponentes, el objetivo de la medida es terminar con "un vacío legal que permite la continuidad de aquellas organizaciones políticas que probadamente se hubieren beneficiado de la actividad de estructuras montadas en su seno al objeto de procurarles financiación por vías ilegales". Aunque la legislación actual sí castiga a los individuos que integran estas estructuras, y más gravemente a las que las dirigen, esta iniciativa persigue sancionar también a las personas jurídicas.
