En total, registraron 1.685.834 asuntos, un 0,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2021. Salvo en la jurisdicción Penal, que mostró un incremento interanual del 3,7 por ciento, se han observado reducciones en el ingreso de asuntos en todas las jurisdicciones: del 1,4 por ciento en la Civil, del 5,7 en la de lo Contencioso-Administrativo, y del 3,6 en la Social.
El informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2022, difundido este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, muestra también incrementos en la resolución de asuntos en el orden Penal, del 0,4 por cien, y en el Contencioso-Administrativo, del 1,7 por ciento. Por el contrario, en el Civil la resolución se redujo en un 5,7 por ciento y en el Social, un 10,4 por ciento.
Los órganos judiciales de toda España recibieron entre abril y junio pasados 1.685.834 asuntos de nuevo ingreso, cifra que supone un incremento interanual del 0,7 por ciento. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.709.841 asuntos, un 3 por ciento menos que hace un año, y quedaron en trámite al final del trimestre un total de 3.132.488 asuntos, con un incremento del 3,2 % respecto al segundo trimestre de 2021.
En la jurisdicción Civil ingresaron 700.397 asuntos, lo que implica una disminución del 1,4 por ciento. Se resolvieron 704.097 asuntos, un 5,7 por ciento menos que hace un año, y quedaron en trámite 1.767.821, un 4,4 % más que al final del mismo trimestre de 2021. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 10,5 por ciento lo componen los que se encuentran en ese estado en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).
En la jurisdicción Penal, la única que registró un aumento de nuevos asuntos, tuvieron entrada 815.031, un 3,7 por ciento más que en el mismo trimestre de 2021; se resolvieron 819.946 asuntos, un 0,4 % más, y quedaron en trámite 809.888 asuntos, un 4,6 por ciento más.
En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ingresaron 57.047 nuevos asuntos, lo que ha supuesto una reducción del 5,7 por ciento. Se resolvieron 65.570, un 1,7 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 214.530 asuntos, cifra prácticamente idéntica a la de 2021.
En la jurisdicción Social ingresaron 113.313 asuntos, un 3,6 menos que hace un año; se resolvieron 120.196 asuntos, un 10,4 por ciento menos, y quedaron en trámite 340.149 asuntos, un 4 por ciento menos.
La mayor litigiosidad, en Canarias y en Andalucía
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 35,6 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Las Comunidades Autónomas que en el segundo trimestre del año mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron, por este orden, Canarias (45,9), Andalucía (38,1), Asturias (37,3), Cantabria (37), Murcia (36,8), Cataluña (36,2), Baleares (36) y Comunidad Valenciana (35,7). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (25,6), País Vasco (27,5) y Navarra (27,6).