El ministro de Justicia se ha opuesto ante sus homólogos europeos a que las comunicaciones entre abogado y cliente puedan ser intervenidas por la Policía, Fiscalía u otras autoridades sin autorización judicial. Esta posibilidad, incluida en una directiva sobre asistencia letrada discutida en Luxemburgo, no solo es contraria a lo que establece la ley en España sino que puede "incluso vulnerar derechos fundamentales", ha argumentado Alberto Ruiz-Gallardón.
El ministro ha condicionado su voto favorable a una declaración expresa de la Comisión Europea con la postura de España, en la que se compromete a solicitar que el Parlamento estudie la modificación del texto durante su tramitación en los próximos meses. Así, la Comisión ha suscrito que "el proyecto no garantiza la total protección de los derechos fundamentales en un proceso penal" y apoya la tesis española de que "cualquier intervención o merma de un derecho fundamental exija una autorización judicial". A esta declaración se ha sumado también la delegación italiana.
Ruiz-Gallardón ha explicado durante su intervención en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior, que España rechaza la propuesta inicial sobre la asistencia letrada en los procedimientos penales porque prevé permitir la intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente a "otra autoridad competente", como pueden ser la Policía o la Fiscalía, sin una autorización judicial previa.
En este sentido, el ministro de Justicia español ha hecho hincapié en que "cualquier progreso que la Unión Europea sea capaz de hacer" debe mantener el equilibrio "que distingue a Europa como un espacio de libertad, de seguridad y justicia, en donde la investigación del delito se acompaña de un repertorio de garantías suficientes para el individuo, las cuales quedan protegidas, en última instancia, por la tutela judicial".
Ante sus homólogos europeos ha sostenido que el texto estudiado "no se acomoda suficientemente a los requerimientos del ordenamiento" español, e "incluso podría vulnerar derechos fundamentales", en referencia al de defensa y al secreto de comunicaciones con el letrado que asume la representación procesal.
Beneficios económicos para pymes españolas
El ministro de Justicia ha defendido también ante sus homólogos europeos la necesidad de impulsar una normativa común europea de compraventa, al considerar que será un instrumento jurídico que ayudará a nuestras pequeñas y medianas empresas a la hora de firmar contratos en otros países europeos.
En el último Consejo de Ministros de Justicia e Interior celebrado bajo presidencia danesa, Ruiz-Gallardón ha abogado por la necesidad de desbloquear las negociaciones entre los países miembros para que la Unión Europea cuente con un contrato de compraventa, que también tenga validez sobre contenidos digitales y al que se pueda acudir como vía alternativa a la normativa existente en cada Estado miembro.
Cuando las empresas firmantes pertenezcan a distintos países podrán utilizar este mecanismo de forma voluntaria. Con él se impulsará la actividad económica, al rebajar los costes de transacción, lo que mejorará la competitividad y la exportación de los servicios y productos de las empresas españolas. Además, abaratará los precios que tengan que pagar los consumidores, pero sin ver reducidos sus derechos.
En relación al Reglamento general de Protección de Datos Personales, de especial importancia para el Ministerio de Justicia por la trascendencia que puede tener en la resolución de los casos de niños robados, Ruiz-Gallardón ha defendido la necesidad de que la norma traslade los mecanismos de flexibilidad y especificidad que precisan, por un lado, el sector público, en el contexto de austeridad al que obligan las circunstancias actuales, y por otro, el privado. De tal forma que la carga burocrática que conlleve la normativa se adapte a las necesidades de cada uno de ellos.
Los ministros de Justicia de la Unión Europea han estudiado estos días otros asuntos, como el reglamento relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y la directiva dirigida al embargo y confiscación de bienes procedentes de delito.
