Al protocolo, que comenzó a aplicarse en junio de 2022, están adheridas todas las comunidades autónomas (CCAA) del territorio Ministerio - Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla - excepto Castilla y León.
El objetivo de este protocolo, impulsado por el Ministerio que dirige Pilar Llop, es establecer la coordinación entre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, dependientes del Ministerio de Justicia, y las respectivas comunidades y ciudades autónomas con la finalidad de mejorar el servicio a las víctimas de este tipo de violencia.
En la reunión, que será objeto de convocatoria periódica, se han abordado asuntos como el funcionamiento del protocolo o la coordinación entre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y los servicios especializados autonómicos en el ámbito de la atención a las víctimas de violencia de género.
En las próximas semanas las comunidades y ciudades autónomas actualizarán el listado con los servicios sociales y servicios especializados que ofrecen, con la finalidad de que desde las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se cuente con el mapa de recursos actualizado para la atención y derivación de las víctimas de violencia de género.
