A pesar de que España había notificado a la Comisión Europea que había realizado la transposición completa de la Directiva Antiblanqueo al Derecho nacional, Bruselas ha detectado "varios casos de aplicación incorrecta" con respecto a la creación de los registros centrales de titularidad real.
Estos registros se consideran como la "piedra angular" de las normas comunitarias para luchar contra el blanqueo, por lo que la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales españolas.
Éste es el primero de los tres pasos previstos en un expediente sancionador y le otorga a España un plazo de dos meses para resolver las deficiencias señaladas por Bruselas. Asimismo, Bruselas ha iniciado un procedimiento similar contra Italia por la misma razón.
Si pasado ese periodo el Ejecutivo comunitario considera que persiste el problema podrá remitir un dictamen motivado para dar dos meses más al país expedientado antes de decidir si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
"Aumentar la transparencia es fundamental para luchar contra el uso indebido de las entidades jurídicas. Los Estados miembro deben garantizar que la información sobre los propietarios reales de estas entidades jurídicas --sus titulares reales-- se almacene en un registro central", ha considerado Bruselas en un comunicado.
Por ello, añade el comunicado, los países pueden utilizar bien una base central de datos que reúna información sobre la titularidad real, bien el registro de empresas u otro registro central.
"La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia sobre la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades", remacha el Ejecutivo comunitario.
