"A nuestro juicio, no puede justificarse en modo alguno ninguna limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas, porque no está contemplada en el Real Decreto 926/2020" por el que se decreta el nuevo estado de alarma, ha afirmado la APIF en un comunicado.
La asociación de fiscales ve necesario "aprender del camino recorrido" para "evitar por todos los medios que un Poder del Estado, el Judicial, sea desactivado", recordando que se configura "no solo como garante de los derechos de todos los ciudadanos sino como control de la actuación de los otros dos poderes del Estado".
En su opinión, "existen medios adecuados para que la Justicia funcione con normalidad y con garantías tanto para los usuarios de este servicio público esencial como para los que trabajan en ella", gracias a la inversión en nuevas tecnologías y a las medidas preventivas. Así, ha apuntado al uso de medios telemáticos y de mascarillas y a la distancia social.
La APIF ha instado tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como a la Fiscalía General del Estado a "remover todos los obstáculos que aún existen para conseguir que el ciudadano cuente con una justicia que no esté desconectada, que no esté paralizada". "Es preciso garantizar, más que nunca, el acceso a la Justicia", ha planteado.
Además, ha recordado que los tres meses de suspensión de plazos procesales que se aplicaron el pasado 14 de marzo causaron un "grave daño" tanto a los trabajadores de la administración de justicia como a los justiciables.
En este sentido, ha advertido de que "el funcionamiento de la justicia es manifiestamente mejorable", de modo que "si a su situación endémica se suma una paralización el panorama sería desolador".
"Es preciso conjugar funcionamiento de la justicia, en esta situación de pandemia, con seguridad en el trabajo, con prevención efectiva de riesgos laborales para los que trabajamos en los juzgados y tribunales, así como asegurando unas condiciones seguras para cualquier ciudadano que acude a la justicia esperando una respuesta de ella", ha exigido.
Un servicio esencial
En la misma línea se ha expresado el Consejo General de la Abogacía Española ante el posible aumento en las limitaciones a la movilidad de los ciudadanos, incluido un eventual confinamiento domiciliario.
Ante el "riesgo" de que "se puedan tomar nuevas decisiones limitativas de los derechos y de la prestación de los servicios públicos", ha reivindicado que "la justicia es un servicio esencial para la ciudadanía, así recogido en la Constitución, y como tal debe ser considerado a efectos de su prestación al conjunto de la ciudadanía".
"A la luz de las graves consecuencias que el cierre de juzgados y tribunales tuvo la pasada primavera, el conjunto de la abogacía considera que la justicia no puede cerrar sus puertas de nuevo reproduciendo la situación vivida durante el primer periodo del estado de alarma", ha dicho.
A este respecto, ha esgrimido que "el conocimiento sobre la transmisión del virus y de las medidas necesarias para evitar su contagio ha avanzado sustancialmente con relación a la situación de hace seis meses, así como la preparación de los juzgados y tribunales para garantizar todas las medidas de prevención".
Por ello, la Abogacía Española entiende que "son el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas quienes deben garantizar las condiciones necesarias para que la justicia pueda seguir prestándose como servicio esencial que es, ofreciendo plenas garantías de seguridad".
"La justicia no puede parar"
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FIJ) ya emitieron el miércoles un comunicado conjunto en el que exhortaban al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas a adoptar las medidas necesarias para permitir que la administración de justicia siga funcionando en la segunda ola.
"La justicia no puede parar", defendieron, argumentando que "el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma". "Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás", aclararon.
Para las asociaciones judiciales, "lo anterior no es incompatible con que se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales". Así, abogaron por fomentar el uso de medios telemáticos y el teletrabajo y pidieron habilitar "espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado" por si fueran necesarios.
"Desde estas premisas, las asociaciones firmantes ofrecemos nuestra colaboración para diseñar los planes de actuación que se consideren necesarios a fin de afrontar esta situación de la manera menos perjudicial posible", concluyeron.
