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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Función Pública suspende oposiciones y favorece el teletrabajo y la conciliación de padres

Noticia

La ministra de Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado en su reunión de este martes con los sindicatos que se ha dictado una resolución para contener la propagación del coronavirus en la Administración General del Estado que incluye la creación de la figura del "deber inexcusable" para promover la conciliación de los funcionarios que tengan hijos menores o con mayores a su cargo, así como medidas de flexibilidad laboral, así como la suspensión de las oposición.


Las medidas pasan por promover el teletrabajo donde sea posible y la atención telefónica, así como la suspensión de las oposiciones y los cursos de formación. Además, les ha adelantado que también se busca asegurar que el personal de baja por coronavirus o en aislamientos no se vean afectados en su nómina.

Todo ello, "sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de su disposición, cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos encomendados a la Administración General del Estado".

Según la resolución, "se arbitrarán las medidas necesarias para que el personal al servicio de la Administración General del Estado que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del Covid-19, continúe percibiendo durante el tiempo que permanezca en dicha situación el cien por cien de sus retribuciones".

"Deber inexcusable"

Para el personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre de centros educativos o de mayores, se flexibiliza la jornada laboral y, "en el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable", de conformidad con lo dispuesto en el del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Si bien, en el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan la condición de personal al servicio de la Administración General del Estado, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente.

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática y en el caso de atención presencial, se establecerán los turnos imprescindibles para garantizar la prestación del servicio.

Asimismo, se recomienda evitar las reuniones de trabajo en la medida de lo posible y se suspenden aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad. También se fomenta el uso de la videoconferencia.

En esta línea, se recomienda posponer todos aquellos viajes de trabajo que no sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales.

Las pruebas selectivas se posponen "por el tiempo imprescindible", especialmente aquellas de concurrencia masiva, aunque se garantiza la continuidad de los procesos.

Igualmente, los cursos y actividades formativas de carácter presencial se posponen, aunque se valorará la posibilidad de utilizar medios telemáticos como alternativa, cuando sea posible.

También se permiten las modalidades no presenciales de trabajo, "en supuestos debidamente justificados previa autorización de los titulares de las Subsecretarías de los Departamentos ministeriales con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos", así como la reorganización de turnos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha felicitado porque el Gobierno "haya tomado nota" de la petición de mejora en los protocolos que realizaron en rueda de prensa, donde, entre otras medidas, han apostado por "restringir" fronteras con zonas de alto riesgo, suspender cualquier tipo de viaje oficial de representantes públicos al menos a estos lugares, y extremar las medidas de higiene y sanitarias para evitar más contagios.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de refuerzo de personal en el Sistema Nacional de Salud. "Hay que cuidar a los que nos cuidan porque se puede colapsar el sistema", han advertido.

Por su parte, CCOO cree que las iniciativas deberían incluir información detallada a los distintos ministerios, así como orientaciones del Gobierno central al resto de las administraciones públicas, especialmente en aquellos territorios más afectados.

A su juicio, las medidas deberán ser especiales y específicas en los servicios más sensibles o con mayor riesgo, como son los servicios sanitarios, de educación, servicios sociales y de atención a la dependencia, centros de menores, servicios de atención al público, servicios de justicia o instituciones penitenciarias.

CCOO ha planteado la necesidad de que se constituya una comisión de seguimiento de las medidas, formada por la Administración y los sindicatos, a los efectos de tratar todas las incidencias que pudieran producirse y para tener una mejor respuesta, coordinada entre el Ministerio y los sindicatos que representan efectivamente a las empleadas y empleados públicos.

De su lado, UGT ha valorado la regulación de la situación de aislamiento, en la que el personal de la AGE percibirá el 100% de sus retribuciones, o la regulación de las ausencias, como consecuencia de los cierres de centros educativos o de mayores, que tendrán la consideración de deber inexcusable con la salvedad de que no podrán simultanear el permiso si ambos progenitores son empleadas y empleados públicos.

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