Los tres ponentes han realizado además un balance de los dos años de vigencia del Convenio entre la Fundación Abogacía Española con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para ofrecer asesoría legal a españolas víctimas de violencia de género en el exterior.
Las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer (de nivel autonómico) y las Unidades de Violencia sobre la Mujer (de nivel provincial) reciben formación regularmente en el ámbito de sus funciones y para cumplir adecuadamente con su mandato.
Embajadas y consulados asisten a las mujeres en tres fases: antes de recibir los casos, conociendo los recursos con que cuentan para poder salir de la violencia en el país en que se encuentran; a la llegada del caso a las oficinas consulares, poniendo a su disposición los distintos tipos de asistencia, y después, realizando el seguimiento de la mujer y sus hijos, tanto si decide quedarse en el país de residencia como si decide retornar.
Es en la última fase donde tiene cabida la labor de la Fundación Abogacía y la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General: cuando las españolas desean o están preparando su regreso a España tras haber sido víctimas de violencia de género. En ese momento, se les pone en comunicación con abogados del lugar donde van a fijar su residencia en nuestro país. Los profesionales les asesoran sobre sus dudas legales, tanto respecto a su propia situación como a la de sus hijos menores, y las integran en el sistema de asistencia jurídica gratuita.
En lo que va de año este 2022, se han atendido 21 casos de españolas que deseaban retornar de lugares tan diversos como Bélgica, Bahamas, Luxemburgo, Bélgica o Rumanía. Las consultas más habituales son relativas al reconocimiento jurídico de resoluciones judiciales de otros países o el traslado internacional de los hijos menores, ya que si se realiza sin observar la normativa internacional vigente, el progenitor que lo lleva a cabo puede incurrir en un delito de sustracción.
