El pleno del Consejo General de la Abogacía, en su reunión del pasado viernes, manifestó su profunda preocupación por el incumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario en la región y la grave situación humanitaria que se vive en la Franja. Y encargó a su Fundación Abogacía y Derechos Humanos que lidere el trabajo necesario desde el ámbito jurídico para garantizar la aplicación efectiva del Derecho Internacional y proteger a todos los juristas que, en condiciones especialmente difíciles, se están implicando en la defensa de los derechos humanos en Gaza.
La Abogacía se suma así a la reciente iniciativa de Unión Profesional, que agrupará a Fundaciones y ONGs vinculadas a los Consejos Generales y Colegios Nacionales miembros de Unión Profesional, con el objetivo de canalizar de forma conjunta y con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto como medio para salvaguardar la asistencia humanitaria a la población civil.
“En la Franja de Gaza está ocurriendo a ojos del mundo una masacre genocida por parte del ejército israelí que dinamita los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al atacar a la población civil de manera indiscriminada y al impedir que asistencia vital llegue sin obstrucciones ni demoras a la población”, ha denunciado hoy Unión Profesional.
“La masacre ha convertido además a la comunidad profesional —periodistas, sanitarios, docentes— en objetivo de guerra, atentando contra todos los principios deontológicos y humanitarios al elegir como blancos deliberados hospitales, escuelas y puestos de socorro”, ha señalado también UP:
La Fundación Abogacía y el Consejo General reiteran su máxima prioridad a la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional, y continuarán trabajando, en coordinación con Unión Profesional y el resto de entidades, para garantizar la protección de los profesionales y la asistencia a la población civil en Gaza.
Asimismo, la Fundación Abogacía expresa su voluntad de colaborar activamente con todas las asociaciones, fundaciones y entidades del ámbito jurídico que compartan este compromiso, sumando esfuerzos para fortalecer la protección de la población civil y el respeto a la legalidad internacional.
