Concretamente, el acuerdo lo rubricaron José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, Óscar Moral Ortega, presidente de CERMI Comunidad de Madrid, y Gabriel María de Diego Quevedo, decano de los procuradores de la región, quienes coincidieron en señalar la importancia de aunar esfuerzos para hacer que la justicia resulte "más cercana y ágil" a las personas con discapacidad.
"Debemos conseguir entre todos que las personas con discapacidad accedan con facilidad a la justicia y, a su vez, que la justicia conozca y entienda las necesidades que pueden tener a veces estas personas a la hora de enfrentarse a procesos jurídicos", ha declarado tras el acto de firma Martínez Donoso.
En la misma línea se manifestó Moral, quien ha señalado la importancia de establecer alianzas con todos los operadores jurídicos, a fin de garantizar el acceso, en igualdad de condiciones, a las personas con discapacidad y sus familias a la administración de justicia.
Finalmente, De Diego Quevedo ha afirmado que los colegios profesionales tienen que acercarse a toda la sociedad, ya que, reconoció, han dejado de lado a parte de ella: "Hemos abandonado a los colectivos más vulnerables. Hemos de ser especialmente sensible" con las personas con discapacidad".
El decano cedió la palabra a Carmen Giménez, procuradora y coordinadora general del Servicio de Representación Procesal (SRP) del Colegio de Procuradores de Madrid, quien ha agradecido el servicio y colaboración mutua que Fundación ONCE y el SRP vienen prestando a todas las personas con necesidades especiales Según se refleja en el convenio, su objetivo es "instrumentar medidas y promover iniciativas y acciones que favorezcan el ejercicio de los derechos, la protección jurídica y la no discriminación de las personas con discapacidad y sus familias".
Desde esta perspectiva, las tres entidades se comprometen a informar a las personas con discapacidad de la importancia del papel del procurador "en aras a garantizar una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos" en procesos jurídicos.
Igualmente, el acuerdo recoge la necesidad de impulsar acciones encaminadas a difundir entre los procuradores de Madrid la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
