La Fundación Pro Bono España nacía el pasado 28 de junio, de la mano de 28 despachos nacionales e internacionales con sede en España, con la visión de articular, impulsar e institucionalizar el pro bono jurídico en nuestro país para multiplicar su impacto en la sociedad. Un año más tarde, la Fundación cierra su fase piloto con 37 despachos y universidades implicados. La Fundación se consolida así como un puente real y efectivo entre los profesionales del derecho y las entidades sin ánimo de lucro necesitadas de asesoramiento legal.
Al acto, que ha tenido lugar en la Fundación Carlos de Amberes, ha asistido una nutrida representación de la abogacía institucional, de los despachos, del mundo universitario y del tercer sector.
José Luis De Castro, presidente del Patronato de la Fundación, ha puesto el acento en el poder del derecho como instrumento fundamental para la transformación social y en la responsabilidad de los abogados de ponerse al servicio de este cambio, “somos muchos y sabemos hacer muchas cosas útiles para ayudar a los que ayudan”. A continuación ha explicado cómo “a través de la Fundación queremos poner nuestros conocimientos y experiencias profesionales al servicio de los que, a través de las entidades del tercer sector, ayudan todos los días a los que sufren la pobreza, la enfermedad y la exclusión social”.
Leire Larracoechea, cofundadora y directora ejecutiva de la misma, ha hecho un breve recorrido por los principales hitos de la trayectoria del pro bono jurídico en nuestro país desde que surgen las primeras iniciativas en torno a 2005, hasta el nacimiento de la Fundación Pro Bono España, señalando que “todas han sido indispensables para acercar el derecho a las entidades sin ánimo de lucro, que sin el pro bono jurídico no habrían podido acceder al mismo”.
Por su parte, Lola Martínez, responsable de Proyectos de la Fundación, ha presentado los proyectos que se han realizado hasta ahora, subrayando cómo la Fundación ayuda a las entidades a identificar necesidades jurídicas de las que muchas veces no son conscientes y la importancia del trabajo en red y la participación de distintos actores para generar un mayor impacto.
Por último, en una mesa redonda integrada por Álvaro Gil-Robles, ex defensor del Pueblo; Todd Crider, socio de Simpson Thacher & Bartlett y cofundador del Cyrus R. Vance Center for International Justice; e Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones e integrante del Comité Ejecutivo de la Fundación y moderada por Leire Larracoechea, se ha debatido sobre los principales desafíos que enfrenta el pro bono jurídico en España en la actualidad.
Álvaro Gil-Robles, ha insistido en la responsabilidad de la abogacía como motor de cambio y cómo la Fundación Pro Bono España “contribuye a formar ciudadanos involucrados socialmente”. Por su parte, Todd Crider, ha enfatizado el papel esencial que juega la Fundación “para encauzar de forma efectiva este deseo social de hacer trabajo pro bono“. Por último, Isabel Peñalosa, ha puesto de manifiesto el poder de las alianzas estratégicas y de la colaboración entre la abogacía, el tercer sector y el mundo académico para impulsar el fortalecimiento de la sociedad civil”.
Leire Larracoechea ha concluido el acto recordando la necesidad de seguir sumando esfuerzos, “ya que todavía quedan muchas necesidades jurídicas que cubrir, muchas entidades a las que ayudar y muchos profesionales y universidades a los que involucrar”.