La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la renovación del Tribunal Constitucional son algunos de los principales asuntos a los que se tendrá que enfrentar el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La recién estrenada X Legislatura ha arrancado sin lograr una composición del Tribunal Constitucional acorde con la que "imperativamente" establece la Constitución. Esta institución funciona en la actualidad con el mandato de tres de sus magistrados caducado desde hace más de un año y con la vacante que dejó Roberto García-Calvo al fallecer en mayo de 2008.
La falta de acuerdo tras continuas negociaciones y contactos políticos entre socialistas y 'populares' ha impedido renovar en sus cargos a los magistrados que debe elegir el Congreso de los Diputados. Esta circunstancia es la que llevó la semana pasada al Pleno del máximo intérprete de la Constitución a reclamar al nuevo presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, que "se cumpla" la norma fundamental.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en su discurso de investidura que abordará "de manera inmediata" la renovación del Tribunal Constitucional para cerrarla en el plazo de tres meses.
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
El mandato del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha concluido sin alcanzar la aprobación de tres leyes fundamentales para esta Administración. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llegó en julio al Consejo de Ministros pero le faltó tiempo para ser aprobada en el Parlamento debido al adelanto electoral.
Cuando tomó posesión del cargo en febrero de 2009, Caamaño asumió el compromiso de modificar el proceso penal. Sin embargo, no fue hasta el final de su mandato cuando presentó un proyecto de ley que otorgaba al Fiscal la investigación de los delitos y las faltas y pretendía acabar con la denominada 'pena de telediario', impidiendo difundir la identidad o imágenes de los detenidos durante la instrucción.
No obstante, Caamaño ha impulsado la reforma del Código Penal, que entró en vigor hace un año y aplica mayores penas a terroristas, pederastas y corruptos mientras tipifica como nuevos delitos el acoso laboral e inmobiliario, el tráfico de personas o la compraventa de órganos humanos.
Además, ha centrado gran parte de su actividad en reformar y agilizar el trabajo de los tribunales a través de una batería de leyes y del Plan para la Modernización de la Justicia 2009-2012, que, entre otras medidas, extiende el uso de las nuevas tecnologías en los juzgados para alcanzar el 'papel cero'.
Durante la etapa de Francisco Caamaño, también se acometió la segunda reforma pactada entre PSOE y PP que introdujo el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit público. La Carta Magna se modificó anteriormente en el año 1992 para introducir el derecho de los extranjeros a ser elegidos en las elecciones municipales.
LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA SIGUEN PENDIENTES
La pasada legislatura también dejó en el tintero la creación de los tribunales de instancia que pretendían sustituir a los actuales juzgados unipersonales y configurar una distribución de órganos colegiados para optimizar los recursos humanos y materiales, racionalizar el trabajo y permitir una asignación de efectivos en función de las necesidades.
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 22 de julio al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia. Sin embargo, la nueva organización quedó en agua de borrajas al no llegar a tiempo al Congreso.
La disolución de las Cortes también dejó pendiente el pasado septiembre la aprobación de la Ley de Mediación y Arbitraje que pretendía reducir la carga de trabajo de los tribunales mercantiles y civiles, y cuya principal novedad se basaba en equipar los acuerdos alcanzados por mediación a las sentencias de los juzgados ordinarios. Además, la Cámara Baja dejó sin analizar la Memoria del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente a 2010.
RAJOY QUIERE DEVOLVER LA CONFIANZA EN LA JUSTICIA
En materia de Justicia, el Partido Popular ha abogado por reformar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y por endurecer el Código Penal e incluir la cadena perpetua revisable.
El ganador de las elecciones no abordó estas propuestas concretas en su investidura pero sí se marcó el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y "propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad", tanto en lo que afecta al Poder Judicial, como al Tribunal Constitucional.
El sexto presidente de la democracia también se comprometió a reformar el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad así como a aprobar una nueva Ley de Mediación y Arbitraje, como mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, y una Ley de la Jurisdicción Voluntaria para reducir la litigiosidad y mejorar la seguridad jurídica.
