El sistema de propuesta y elección correrá a cargo de una comisión formada por representantes de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
La Fiscalía Europea entrará en funcionamiento en noviembre del próximo año con el cometido de investigar y perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales en la lucha contra el fraude trasnacional, las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la corrupción y el blanqueo de capitales.
Para su puesta en marcha, cada Estado deberá designar una terna de candidatos para cubrir la plaza que le corresponde en el Colegio de Fiscales Europeos y seleccionar al menos a otros dos para los puestos de fiscales europeos delegados que estarán establecidos en cada uno de los Estados miembros.
El Real Decreto aprobado articula el procedimiento para su selección en España y regula los requisitos que deberán reunir los candidatos, entre ellos, ser miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura y aportar amplia experiencia en materia de investigaciones financieras y cooperación jurídica internacional. La acreditación de estos requisitos, sus criterios de valoración y de los méritos que se definan, se desarrollarán en la correspondiente orden ministerial de convocatoria de las respectivas plazas.
Tras la designación de la terna de candidatos para el cargo de fiscal europeo, el Consejo Europeo nombrará al representante de España en la Fiscalía Europea para un mandato no renovable de seis años. El Colegio de Fiscales Europeos, donde se integrará el fiscal europeo español, nombrará a los fiscales europeos delegados designados por España para un mandato renovable de cinco años.
