Según el ministro de Justicia, la defensa de los intereses jurídicos de los ciudadanos cumple una función pública clara, puesto que es condición necesaria para la articulación del modelo constitucional de convivencia. "Sin esa función, ni el ciudadano vería protegidos sus derechos, ni los poderes públicos se verían capaces de dispensar la debida tutela a sus legítimas pretensiones", ha afirmado.
Por ello, ha dicho Campo, siendo plenamente conscientes de la capital importancia que tiene la defensa letrada en el marco institucional, desde el Ministerio de Justicia se han emprendido una serie de iniciativas legislativas que tienen por objeto garantizar su efectivo ejercicio, como la Ley del Derecho de Defensa, la Ley de Eficiencia Procesal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Asimismo, según ha explicado Campo, el Ministerio de Justicia también ha impulsado otras normas que demuestran su interés por ampliar el concepto de garantías procesales, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva, como son la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o la nueva Ley de Discapacidad.
Además de estas reformas legislativas mencionadas, el ministro ha añadido que es igualmente necesario llevar a cabo otras medidas de índole práctica, dirigidas a la modernización del sector, como es el impulso y desarrollo de la Justicia electrónica, en lo que también se está trabajando.
Campo ha concluido que "el sector requiere de importantes transformaciones que no podemos seguir aplazando". Todos estos cambios se llevarán a cabo, ha puntualizado, en cogobernanza con todos aquellos que integran el sector de la Justicia, "a fin de hacer de su transformación un proyecto común, un ejercicio de construcción colectiva donde todas las sensibilidades y colectivos profesionales se vean reconocidos".
