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Delitos de expresión

Justicia revisará los delitos sobre libertad de expresión y eliminará las penas de prisión

Noticia

El Ministerio de Justicia ha anunciado que está estudiando la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para no sean castigados con penas privativas de libertad, según ha informado el departamento dirigido por Juan Carlos Campo.

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En concreto, el Ministerio estudia reformar los delitos "más controvertidos" comprendidos en lo que comúnmente se denominan "delitos de expresión" como son el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones y los delitos contra los sentimientos religiosos.

La reforma de los artículos del Código Penal que regulan los mismos contempla que este tipo de delitos estén castigados con penas disuasorias pero no privativas de libertad y se plantea con el objetivo de cumplir unas "exigencias de precisión y restricción" de estos tipos penales, "requeridos por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho Europeo".

Así, según justifica Justicia, estos tipos penales adolecen de "una cierta indefinición del bien jurídico protegido", así como por "la amplitud de la conducta típica descrita en la norma, lo que genera inseguridad", y "por la difícil delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva, que precisa de una interpretación restrictiva".

Previamente, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se ha precisado que la revisión afectará a los delitos relacionados con "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión que supongan "claramente" la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta.

En la propuesta planteada por el Ministerio se contemplará que "aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales" permanezcan "al margen del castigo penal".

En este sentido, el Gobierno ha defendido que "el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión europea y la mayor parte de la doctrina española".