El Ministerio de Justicia ha informado que Olmedo ha desarrollado en la reunión el contenido de la fase II del proyecto 'Promoción de la Ciberjusticia en España a través de la gestión del cambio', financiado por la Comisión Europea e integrado por expertos del Ministerio y un grupo internacional de técnicos seleccionados por la CEPEJ.
Los tres ejes prioritarios de este proyecto --en marcha desde 2020-- son el estudio de viabilidad para la regulación procesal electrónica, el manual de implementación de proyectos digitales y el estudio sobre organización judicial y digitalización.
En el marco del encuentro, el secretario ha destacado que la transformación digital "favorece y posibilita una Justicia más próxima y accesible que abre un nuevo cauce, más veloz y eficaz, que propiciará una mejor satisfacción de los derechos de la ciudadanía".
Cogobernanza
Entre las actuaciones del Ministerio, Olmedo ha subrayado "la relevancia de una aproximación holística que aborde no sólo la tecnología, sino también la organización y los propios procesos de digitalización, así como la necesidad de una buena cogobernanza", a través de instrumentos como el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), con participación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Conferencia Sectorial de Justicia.
Asimismo, el secretario ha destacado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital y los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y Organizativa como pilares normativos y organizativos para este "ambicioso proyecto" que pretende modernizar la Justicia.
Al hilo, Olmedo ha asegurado que el acceso a la Justicia por medios digitales no es neutro en términos económicos y sociales, por lo que ha advertido que es necesario asegurar que la digitalización no genere brechas geográficas, económicas, educativas, de género, edad y discapacidad.
Según ha informado el Ministerio, durante el encuentro también se han abordado temas como el derecho a la desconexión digital, la difusión de información en formato de datos abiertos, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la Justicia, las formas de resolución de conflictos online (ODR), los juicios telemáticos y la organización judicial en el contexto digital; todo ello a través de ejemplos de buenas prácticas desarrolladas tanto en España como en otros países del Consejo de Europa.
