En esta jornada sobre la actuación letrada frente a los delitos de odio intervino Mª Jesús Raimundo, fiscal adscrita a la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, quien se centró en la problemática de la infradenuncia y sus causas. Explicó los elementos del delito de odio como “delitos que ponen en peligro el modelo de la convivencia constitucional basado en la diversidad y el sistema de respeto de los derechos humanos”, señaló.
“Solamente denuncia el 6% de la población del pueblo gitano”, destacó Raimundo, resaltando la importancia de dar una respuesta integral de los poderes públicos desde la modificación legislativa, protocolos, especialización de las profesiones, oficinas de atención a víctimas, facilitar canales de denuncia, sensibilización y empoderamiento, etc.
En el aula participó Selene de la Fuente, técnica de igualdad de trato y lucha contra la discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, organización que busca la promoción integral del pueblo gitano. “Es muy importante el trabajo común entre alianzas y tercer sector”, señaló. Analizó aspectos del litigio estratégico que busca implementar estándares de derechos humanos en jurisprudencia, combatir la infradenuncia e impulsar cambios políticos y legales para la defensa del principio de igualdad de trato.
También intervino Fabián Sánchez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, tratando la prevención y sensibilización. “Seguimos estando muy lejos de la igualdad; a pesar de los avances legales y estructurales, el antigitanismo sigue perviviendo, no pertenece al pasado”, afirmó.
En el año del pueblo gitano, declarado así principios de este año por el Consejo de Ministros, Sánchez hizo un llamamiento a “asumir una responsabilidad compartida” y a la “reparación histórica, simbólica y material” con la que se haga “un reconocimiento público de la persecución y se pueda asegurar el acceso a la justicia”.
El aula fue presentada por la secretaria general del Consejo General de la Abogacía, Encarna Orduna, y contó con la moderación de Patricia Bárcena, adjunta segunda del Defensor del Pueblo.
