El Consejo General de la Abogacía Española considera, sin embargo, que la oferta es del todo insuficiente, por lo que reitera la demanda formulada durante los meses de conversaciones al respecto: que la subida se adecue a la evolución del IPC desde la última revisión, en 2018, y que se modifique para incluir intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas.
Teniendo en cuenta de que se trata de unas retribuciones que apenas cubren en muchas ocasiones los gastos que genera al profesional y estando entre las más bajas que se pagan en España, el Consejo reclamaba una subida que sea al menos acorde con la evolución del IPC desde que en 2018 se produjo la última revisión. El crecimiento de los precios en estos años ronda el 17%, mientras que la oferta del Ministerio se queda muy lejos de esa cifra.
El Consejo General aprovechará el trámite de alegaciones del proyecto de la orden ministerial que contiene la actualización de los importes para reclamar de nuevo una subida más proporcional con la evolución general de los precios, especialmente de los combustibles. Además, volverá a incluir su demanda de que se produzca una revisión del catálogo de las intervenciones profesionales que son objeto de indemnización. Entre ellas, la Abogacía quiere incluir el pago por los servicios prestados a personas jurídicas en proceso penal, las reconvenciones, las ejecuciones de sentencias, la presentación de un número más amplio de recursos, la participación del profesional en calidad de mediador y contador-partidor, o los gastos de desplazamiento en las guardias al detenido, entre otras. Ninguna de ellos figura en la propuesta del Ministerio, que se ha limitado a reproducir el baremo existente aplicando una subida lineal del 5%. Subida que, además, queda muy lejos de los incrementos retributivos que se han acordado para otros colectivos profesionales, según ha informado el CGAE en un comunicado.
Más de 42.000 profesionales de la abogacía pertenecen en la actualidad al Turno de oficio. De ellos, más de 6.000 prestan su asistencia en el denominado territorio Ministerio, formado por las comunidades de Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, así como por los tribunales con jurisdicción estatal ubicados en Madrid, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
