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Así lo han puesto de manifiesto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) en un comunicado conjunto en que advierten de que también sería necesario incluir en dicho plan orden jurisdiccional civil para reforzarlo.
"Mostramos nuestra disposición a colaborar en cuantas acciones sean necesarias a fin de restablecer de la forma más eficaz, rápida y eficiente el servicio de la administración de Justicia una vez concluido el Estado de alarma", aseguran las asociaciones judiciales.
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, que obliga al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, a aprobar medidas de agilización procesal tras el levantamiento del estado de alarma con objetivo de contribuir a la recuperación económica.
La disposición adicional 19 de dicha norma establece que "una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo", el Gobierno aprobará "a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días", un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en la jurisdicción social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo mercantil.
Previsiblemente, estos juzgados será los que se vean más afectados tras el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento y las medidas excepcionales aprobadas por el Ejecutivo, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
