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Civil

La caución en la tramitación de la demanda instada por los titulares de derechos resales inscritos en el Registro de la Propiedad, a la luz de la praxis judicial

Tribuna 15-10-2014

I. El procedimiento de protección de los derechos reales inscritos en el Registro de la propiedad

Como es sabido, la Ley Hipotecaria art.38 (a partir de ahora, solo LH) dispone que «a todos los efectos legales se presumirá que todos los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos».

El precepto recoge lo que por la doctrina se conoce como principio de legitimación registral, que viene a suponer una presunción iuris tantum de la pertenencia y disfrute del derecho inscrito, siendo reiterada y pacífica la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en orden a considerar que el contenido del Registro de la Propiedad se presumirá exacto e íntegro mientras judicialmente no se declare lo contrario, suponiéndose, del mismo modo, que el derecho inscrito existe y corresponde a su titular; tratándose de una presunción iuris tantum que alcanza a todos los supuestos hipotecarios, gozando, igualmente, el titular registral de una justa y adecuada protección, al exonerarle de la carga de la prueba. En esta orientación cabe destacar TS 24-1-84 que señaló que: «lo establecido en el artículo 38 de la LH -EDL 1946/59- es simplemente una presunción de existencia y pertenencia de Derechos reales inscritos, que por ser iuris tantum se desvirtúa con la prueba contraria», presunción iuris tantum que puede, por tanto, ser dejada sin efecto por la prueba en contrario de la titularidad de un tercero sobre el bien inscrito, aunque no estuviese el mismo inscrito a su nombre, hecho este último que puede ser acreditado por cualquiera de los medios probatorios admitidos en Derecho.

En consonancia con el principio de legitimación registral y la presunción iuris tantum que conlleva, la LH art.41 -EDL 1946/59- regulaba un procedimiento tendente a facilitar al titular registral del dominio de inmuebles o de otros derechos reales, que impliquen posesión, uso o servicio, la obtención del mismo resultado que lograría con la ejecución de una sentencia que hubiera obtenido en caso de haber ejercitado con éxito en el juicio ordinario correspondiente una acción reivindicatoria, confesoria o negatoria u otra análoga de carácter real. Así, este precepto preveía que: «las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse por el procedimiento que señalan los párrafos siguientes contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio, siempre que por certificación del Registro se acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento correspondiente (...)».

Protección que la nueva LEC mantiene, bien que reconduciendo el cauce procedimental en el art.250.1.7, conforme al cual se decidirán en el juicio verbal, por razón de la materia, las demandas «que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de estos derechos frente a quienes se opongan o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación». Como consecuencia de la nueva regulación una parte importante de las disposiciones del anterior art.41 LH -EDL 1946/59- han sido llevadas puntualmente a la nueva normativa común como especialidades procedimentales del juicio verbal único que la nueva LEC regula. La incorporación de este procedimiento a la LEC respondió al doble objetivo de unificar en un mismo juicio ordinario la gama de procedimientos sumarios y especiales que se incluyen en el art.250, y de llevar el procedimiento relativo a la protección de la presunción posesoria derivada de la titularidad registral a la ley procesal común afirmando así el ámbito general del derecho procesal civil.

La naturaleza jurídica de esta acción es y ha sido muy discutida (1), ya se considere un procedimiento ejecutivo dirigido a la tutela de los derecho amparados por los asientos registrales, ya un auténtico proceso declarativo, pero, en todo caso y cualquiera que sea el criterio sostenido, lo cierto es que presenta una carácter especial, singular y expeditivo, orientado a la protección de los derechos reales inscritos, en tanto que consecuencia de la fuerza legitimadora del Registro de la Propiedad, al presumirse concordantes Registro y realidad, en el sentido de que el derecho inscrito existe y pertenece a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo (2), al extremo de que, para contradecir esta concordancia, deberá formularse oposición con base en alguna o algunas de las causas taxativamente contempladas en la Ley, cuya prueba incumbe al contradictor (3).

Este procedimiento exige como presupuestos la concurrencia de los siguientes:

-Que el accionante acredite su legitimación activa dimanante de su designación como titular registral del derecho ejercitado, según certificación (4), y la vigencia del asiento sin contradicción (5).

-Que la acción ejercitada vaya dirigida contra quien aparezca como probado causante de la perturbación o despojo, y por ello, pasivamente legitimado en el proceso.

-Que no concurra ninguna de las causas taxativas señaladas en la LEC art.444.2 –EDL 2000/77463-, como motivos de oposición.

-Identidad entre la finca registrada a favor del accionante y aquélla objeto de los denunciados actos perturbadores o expoliadores, contra los que reacciona el titular registral (6).

II. La caución en la tramitación de este procedimiento

Centradas, grosso modo, las cuestiones relativas a la naturaleza y características del procedimiento expuesto, vamos ahora a detenernos en un aspecto concreto de su tramitación: la exigencia de la caución.

1. La solicitud de la caución

En primer lugar hay que resaltar que la caución es un presupuesto de admisión de la demanda en el juicio verbal. Según dispone la LEC art.439.2 -EDL 2000/77463-, en los casos del art. 250.1.7 no se admitirán las demandas si no se señalase en ésta la caución que, conforme a lo previsto en el art. 64.2.2, ha de prestar el demandado, en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio. Sin este requisito no se admitirá la demanda conforme a lo dispuesto en la LEC art.269.

La doctrina de las Audiencias Provinciales constata los términos expuestos, pudiendo destacar, a modo de ejemplo, la AP Segovia Sec 1ª, núm 69/2011, 25-03-11, para la que: «(...) la demanda no debió haber sido admitida a trámite, al adolecer de las formalidades y documentos que el art. 439.2 LEC -EDL 2000/77463- exige para su admisión, señaladamente la caución que se solicita (...)», o la AP Burgos, Sec. 3ª, núm 410/2010, 11-10-10 -EDJ 2010/243510-, por su parte, concreta que la falta de caución es motivo de inadmisión de la demanda, lo que es secundado por la AP Cáceres, Sec 1ª, núm 101/2011, auto 7-9-11 -EDJ 2011/218303-: «En este supuesto resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 439.2, que establece que estas demandas no se admitirán a trámite si, no se expresan las medidas que se consideren necesarias para garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte, si no se señala la caución que haya de prestar el demandado en caso de comparecer y contestar, para responder de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado y de las costas del juicio (...)».

2. Excepciones a la expuesta exigencia

¿Existe algún supuesto en que no sea exigible dicho presupuesto? Sí, dos son los casos; el primero no previsto expresamente en la LEC -EDL 2000/77463- y el segundo sí. A saber son los siguientes:

a.- Cuando la parte demandada es una Administración Pública

Es decir, ¿si un particular interpone demanda contra una Administración Pública debe, en cualquier caso, indicar en la demanda la caución que ésta debe prestar? Recordemos que, de acuerdo con lo dispuesto en la L 52/1997 art.12, en relación con lo dispuesto en el RDLeg 2/2004 art.173.2, están exentas de prestar cauciones. Es muy interesante, en este sentido, la AP Jaén, Sec 2ª, núm 48/2013, 26-2-13 -EDJ 2013/78120-, que conoció de un supuesto en el que pese a que la parte demandante, que instó demanda contra un Ayuntamiento, en su escrito de demanda no solicitó la prestación de caución por la demandada, la Sala ad quem, en idéntico sentido que el Juzgado a quo, consideró que no es motivo de inadmisión puesto que: «(...) con ser la expuesta la regla general y aun no haciéndose referencia en la Ley Adjetiva que analizamos a la posibilidad de existencia de excepción alguna, ello no impide que las mismas sean admisibles en base a preceptos contenidos en otras leyes especiales, casi siempre administrativas y a fin de otorgar preeminencia o privilegios a favor de determinados Entes Administrativos para poder procurar garantizar entre otras la estabilidad y seguridad presupuestaria y el correcto funcionamiento de los mecanismos previstos para su aprobación, y uno de tales supuestos, lo contempla desde luego el aludido art. 173.2 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se dispone que "Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público", que desde luego no es el caso, pues como se pone de manifiesto en el escrito de recurso y también en el escrito rector de esta litis se trata de bien demanial. De este modo resulta lógico convenir sin necesidad de mayor análisis, que existiendo tan clara excepción establecida por Ley especial, frente a la general reguladora del proceso, siendo aquella además de posterior entrada en vigor, resultaría inocuo exigir cualquier pronunciamiento sobre la caución a prestar por la demandada, a no ser que redundando en lo ya dispuesto por el legislador se quiera exigir que se exprese una renuncia que en cualquier caso sería obligada, luego aun sancionándose con la inadmisión como regla general tal falta de expresión, no puede entenderse con extrema rigidez que también se producirá dicho efecto pese a ni siquiera poder ser exigible dicha caución (...)». En conclusión, a decir de esta resolución, carece de sentido pedir la prestación de caución y que esta se constituya en presupuesto de admisibilidad de la demanda, cuando la parte demandada (ente público) está exonerada legalmente de prestar caución.

b.- La renuncia de la parte demandante

Esta posibilidad sí está prevista en la LEC -EDL 2000/77463-, y para que surta efectos deberá de ser formalizada expresamente en el escrito de demanda (7). La parte demandante debe sopesar el alcance de su inicial renuncia expresa a la petición de caución, porque como consecuencia de tal decisión, posteriormente, no podrá interesar la improcedencia de la oposición formulada por la parte demandada en base a la no prestación de caución (8).

Ahora bien, pese a que la actora haya solicitado en su escrito de demanda que la demandada preste determinada caución ¿cabe su renuncia tácita posterior? Sí, a decir de la AP León, Sec 2ª, núm 18/2013, 18-1-13 -EDJ 2013/11042-, que conoció de un supuesto en el que pese a que en la demanda se señalaba un importe de caución a prestar por la parte demandada, el Decreto de admisión de la demanda y señalamiento de juicio nada señaló respecto a la caución sin que el demandante recurriera el referido Decreto ni en el acto del juicio formulase alegación ni protesta alguna encaminada a que la demandada fuera oída en ese momento, con el fin de fijar la cuantía de la caución, consintiendo de este modo -a decir de dicha resolución judicial- la omisión en la que había incurrido el Tribunal, lo que suponía una renuncia posterior a la prestación de caución alguna.

3. Tramitación por parte del Juzgado

Admitida a trámite la demanda, el Juzgado desarrollará las siguientes actuaciones:

-En la citación para la vista se apercibirá al demandado de que, en caso de no comparecer, se dictará sentencia acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor.

-También se apercibirá al demandado, en su caso, de que la misma sentencia se dictará si comparece al acto de la vista, pero no presta caución, en la cuantía que, tras oírle, el tribunal determine, dentro de la solicitada por el actor, añadiendo el art.444.2 -EDL 2000/77463- que en estos casos, el demandado sólo podrá oponerse a la demanda si, en su caso, presta la caución determinada por el tribunal en cualquiera de las formas previstas en la LEC art.64.2.

¿Cuál es la consecuencia de que el Juzgado no advierta al demandado la necesidad de prestar caución? O, ¿qué sucederá si se decide sobre la caución sin oír al demandado? En estos casos se estaría en presencia de citaciones irregulares puesto que no se habrá seguido el tenor literal de la LEC art.440.2 -EDL 2000/77463- y su efecto no puede ser otro que la nulidad de las actuaciones si se causa indefensión con retroacción de las actuaciones (9). A modo de ejemplo se puede citar la AP León, Sec 1ª, núm 290/2011, 28-6-11. En el caso analizado por esta resolución, -según se dice en la misma- en la demanda se solicitó por Otrosí que los demandados prestasen caución y el Juzgado en auto resolvió que no había lugar en ese momento procesal, estando a la espera de si se personaban los demandados; en las citaciones que se hicieron a los mismos nada se recoge al respecto. En el acto de la vista la parte actora insistió en la prestación de la fianza sin que se acordase, permitiendo a los demandados contestar la demanda y desestimando la misma. Los demandados sabían o debían saber que si no prestaban la caución no podría oponerse a la demanda. Ahora bien, por el Juzgado se ha incumplido la obligación establecida de advertir al demandado de la necesidad de prestar caución por lo que puede entenderse que no se les permitió cumplir con dicho requisito.

Por su parte, la AP Badajoz, Sec 3ª, núm 67/2003, 13-2-03 -EDJ 2003/41247-, declaró la nulidad del auto en lo relativo a la fijación de la caución, así como la nulidad del acto del juicio de la sentencia y de los demás actos procesales que se deriven, acordando la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la falta procediéndose a continuación conforme a derecho. Textualmente, en su fundamento de derecho tercero, se exponen los siguientes argumentos, que nos permitimos reproducir dado su indudable interés: «La indefensión, en cambio, proviene de otra infracción que, involuntariamente, comete el Órgano Jurisdiccional a quo. Efectivamente, el art. 440.2 LEC -EDL 2000/77463- establece que en los casos del núm. 7 del apartado 1 del art. 250 (demandas instadas por titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad para la efectividad de sus derechos, cual ocurre en el supuesto de autos), se apercibirá al demandado (párrafo 2º),en su caso, de que la misma sentencia se dictará si comparece al acto de la vista, pero no presta caución, en la cuantía que "tras oírle" el Tribunal determine, dentro de la solicitada por el actor. Es decir, la caución debe ser fijada por el Tribunal "tras oír al demandado", y esto no se ha producido en el caso de autos en que la caución de 6.000 euros fue fijada sin oír al demandado, con la sola manifestación del actor. Entiende la Sala al respecto que la omisión de dicho requisito procesal, además de suponer la violación de una norma procesal si ha producido indefensión al demandado, máxime cuando, la no prestación de fianza lleva aparejada una sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, sin más.

La prestación de tal caución se convierte, pues, en un requisito procedimental de relevante y singular importancia, pues de la misma depende que se dicte, sin más sentencia estimatoria de las pretensiones del actor. Luego en consonancia con la importancia de tal requisito, hay que concluir que la audiencia del demandado sobre este concreto extremo (procedencia e importe de la caución), es requisito procesal esencial que no puede ser ni obviado ni subsanado después, procediendo la declaración de nulidad radical del auto que fijó la caución sin oír al demandado, debiendo retrotraerse las actuaciones a ese momento procesal y rectificar y subsanar dicho error sustancial, y ello sin perjuicio de la validez de las demás actuaciones procesales válidamente realizadas y que no estén afectadas de dicha nulidad. El apelante denuncia esta infracción procesal válidamente a través del presente recurso de apelación, tras haber hecho constar su protesta en el acto del Juicio cuando el Tribunal le tuvo por no comparecido al no haber prestado caución, Dicha protesta, en el curso del proceso, permite denunciar tal infracción vía recurso de apelación contra la sentencia que pone fin al procedimiento en la 1ª Instancia. No estamos en presencia, pues, de la vulneración de una norma procesal con inocuos efectos.

Dicha violación conlleva efectiva indefensión por cuanto la citada caución opera, por mor de lo establecido en el art. 440.2 LEC -EDL 2000/77463-, como requisito procesal para la comparecencia en juicio. Por ello puede comprenderse fácilmente que en el fijación de las mismas se observen todos los requisitos y garantías que establece la ley y entre ellas, singularmente, la audiencia del demandado que en todo caso debe ser «oído» «antes» de que se dicte el auto que fije tal caución, pues no otra cosa puede deducirse de la expresión «tras oírle» (al demandado). Ello lleva aparejada, en definitiva, la nulidad denunciada y la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió tan grave falta, sin que ésta pueda ser subsanada en esta alzada. Detecta el Tribunal, asimismo, otro vicio procesal. El art. 440.2 exige que se le hagan al demandado una serie de apercibimientos en la citación para la vista, apercibimientos que no fueron realizados ni en el citado auto de fecha 8 de marzo ni en la providencia de 23 de julio 2002 que acuerda la citación de las partes a la vista. Tal omisión resulta, asimismo, trascendental pues el apercibimiento se refiere a las consecuencias que se derivan, en su caso, de la no comparecencia al Juicio o de la no prestación de la caución, aun habiendo comparecido y que no son otras que tener por "allanado" al demandado (el Tribunal dictará sentencia acordando las actuaciones que hubiere solicitado el actor para la efectividad del derecho inscrito, si no comparece a la vista o si no presta caución). Como se observa, las consecuencias en el orden sustantivo son muy graves, por ello la ley exige que se hagan tales apercibimientos. Por tanto, la omisión sobre este extremo también produjo al demandado fuerte indefensión (...)».

Consecuencia de lo expuesto es que el trámite no puede ser omitido por el Juzgado, y en otro caso se estará ante la vulneración de una norma de orden público, que debe suponer la nulidad de las actuaciones a fin de que, tras oír a los demandados, se fije la cuantía de la caución y hecho se siga el procedimiento en la forma legalmente establecida (10).

Para llegar a la anterior conclusión, es necesario que concurra indefensión; circunstancia ésta última que no se constata cuando se convalida la omisión del Juzgado de pronunciamiento alguno en el Decreto de admisión a trámite de la demanda sobre la caución solicitada por la parte demandante si de los actos posteriores de ésta se aprecia una renuncia posterior tácita al mantenimiento de la petición inicialmente expresada en su demanda. Así, cabe traer otra vez a colación la reciente AP León, Sec 2ª, núm 18/2013, 18-1-13 -EDJ 2013/11042-, para la que: «El art. 439.2 de la LEC -EDL 2000/77463-, da la posibilidad al demandante de renunciar a la caución, el art. 137.6 del Reglamento Hipotecario, señala que la caución, no se exigirá cuando el titular registral renunciase a ella expresamente, en el presente caso si bien no hay una renuncia expresa inicial, en cuanto que en el escrito de demanda se pide que se señale caución, el posterior proceder de la parte demandante, consintiendo que se omitiera dicho trámite, sin hacer uso de los recursos que tenía a su alcance ni alegación alguna al respecto, permite concluir, que con la decisión de la Juzgadora de instancia de entender que se ha renunciado a la exigencia de la caución por la parte actora, no se ha generado a dicha parte indefensión, circunstancia determinante para poder decretar la nulidad de actuaciones.

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho entre otros supuestos de acuerdo con el art. 225-3 de la LEC -EDL 2000/77463-, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión, por ello, al no poder estimarse que en el presente supuesto se haya originado indefensión alguna a la parte apelante, resulta inviable acceder a la nulidad de actuaciones pretendida, por quien en el momento procesal oportuno, pudo reiterar o recordar la petición contenida en el escrito de demanda, de estar verdaderamente interesado en que se fijara la caución».

4. Momento en que debe sustanciarse la caución

¿Cuándo tiene que prestar la caución el demandado? ¿Cuándo se determina el importe de la misma?, es decir, ¿qué trámite ha de seguirse para la fijación de la caución? De la LEC art.440.2 -EDL 2000/77463- se deduce que ha de prestarse para formular oposición y que para fijarla ha de ser oído el demandado, existiendo varias posibilidades sobre la forma en que puede articularse dicha audiencia y que giran en torno a las dos siguientes (11):

- La primera, que antes del juicio o vista haya un trámite de audiencia del deudor, pues la LEC art.440.2 -EDL 2000/77463- exige que la fijación de la cuantía se haga «tras oírle» (al deudor), y que realizado ese incidente de audiencia previa, el Juez se pronuncie sobre el contenido concreto de la caución, y una vez determinada se señale el acto de la vista donde el deudor deberá comparecer habiendo prestado la caución en alguna de las formas de la LEC art.64.

- Otra, que tanto la audiencia del deudor como la fijación de la cuantía de la caución se realice, como trámite previo a la oposición según exige la LEC art.444.2 -EDL 2000/77463-, dentro del acto de la vista.

Un importante sector doctrinal se ha decantado por la segunda opción, es decir, considera que la caución debe ser fijada en la misma vista, una vez oídas las partes, debiendo, a tal efecto, el demandado comparecer con aval o con dinero en efectivo en cuantía idéntica a la indicada por la parte actora, para prestarla a vista de lo que el Tribunal decida en ese acto (12). En este sentido se ha pronunciado Ángel Vicente Illescas Rus (13) para el que la opción que mejor se acomoda a la dicción de la norma es la de que la vista es el momento en que el demandado, previa audiencia, debe constituirla. Ahora bien, este mismo autor reconoce el problema práctico que supone el hecho de «que el demandado deba comparecer provisto del resguardo de la consignación o de un aval por el importe solicitado por el actor en su demanda, máximo que el Juez no podrá sobrepasar en prevención de que por no poder constituirla después se le impida oponerse. Esta última intelección, fiel a la dicción del precepto, representa para el demandado un excesivo gravamen, pues supone la constitución de la caución sin haber sido oído acerca de su importe -en franca oposición al art. 440.2, EDL 2000/77463-, y en una extensión acaso deliberadamente exagerada por el demandante con la aviesa intención de dificultar o impedir la defensa del demandado. Aun cuando siempre puede interesar la devolución del exceso o presentar con posterioridad un aval de cuantía más reducida, no se resuelve con precisión quién debe responder de los perjuicios anudados a dicho exceso, con independencia del resultado final del proceso». Añade Juan Miguel Carreras Maraña (14) que la LEC no establece un trámite previo de audiencia del deudor y de fijación de la cuantía antes de la vista y además tal trámite sería contrario al principio de concentración que caracteriza la vista en el juicio verbal. Este último autor expone cómo se sustanciaría la prestación de la caución, lo que nos permitimos trascribir: «(...) una vez hecha la citación con la advertencia expresa del art. 440 LEC de que "se dictará sentencia" si el demandado comparece en el acto de la vista, pero no presta caución, y ya en el acto de la vista, el Tribunal, conforme al art. 443 LEC, pues se trata de un "hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso", procederá a oír al demandado sobre la específica cuantía de la caución y también sobre la forma de su prestación por alguno de los medios del art. 64.2 LEC. Una vez verificada la audiencia, el Tribunal fijará la cuantía de la caución mediante auto que se recogerá en el acta de la vista, conforme al art. 146.2 LEC 2, con el único límite de respetar la cuantía máxima solicitada por el acreedor y de que se presta la caución en la forma indiciada en el referido art. 64 LEC. En ese momento, como medio inexcusable para admitirse la oposición y para que el juicio siga adelante, se deberá prestar la caución (...)».

A pesar de los razonados argumentos empleados por los defensores de la anterior tesis, la solución más extendida es la que considera que debe ser prestada antes de la vista y de la oposición, en los términos previstos en la LEC art.440.2 -EDL 2000/77463- (15), puesto que es el momento preclusivo para su constitución (16), de donde se colige que la resolución en que se admita la demanda, acordará oír al demandado sobre el importe de la caución, pero, a la vez, se señalará día para la celebración del juicio. Un relevante sector doctrinal -al que nos sumamos- ha acogido esta tesis; así, Fernández López entiende que la solución más factible es la de citar al demandado a una vista para ser oído sobre la caución, antes de los veinte días en que ha de celebrarse la vista principal, conforme a la LEC art.440.1. También Cubillo López y De la Oliva Santos se muestran partidarios de que «en la propia citación para la vista, además del apercibimiento del art. 440.2 LEC se otorgue un plazo al demandado -que puede ser el de 3 días del art. 440.1 III- para que se pronuncie sobre la caución, y el tribunal pueda determinarla -y aquél prestarla- previamente a la celebración de la vista». La praxis judicial también acoge esta solución; así la Audiencia Provincial de Alicante en varias ocasiones ha declarado que debe oírse al deudor antes de la vista a fin de evitar la suspensión de la misma y resolverse la cuestión por medio de auto, con antelación al acto de la vista para que el demandado pueda prestar la caución antes de su inicio (17). En concreto, la AP Alicante, sec 6ª, núm 292/2007, 20-9-07 -EDJ 2007/243500-, ha entendido, al respecto, que: «(...) para el señalamiento de la cuantía de la caución habrá que oír al demandado y desde el mismo momento de su citación para el acto del juicio, por lo que lo más normal, procesalmente hablando, será convocar al demandado a comparecencia judicial donde se discutirá únicamente el importe de la caución que habrá fijado el actor en su demanda, y en atención a las razones expuestas, decidir el juez sobre la cuantía, decisión que habrá de revestir la forma de auto y sobre el que podrá articularse recurso de reposición, y una vez firme, citarle para el acto de la vista, en cuyo momento habrá de acreditar la prestación de la caución si quiere oponerse de forma efectiva a la demanda interpuesta y en los términos del art. 444 (...)».

Pero dentro de esta corriente de opinión, se aprecia cierto sector que introduce un importante matiz, consistente en que la resolución por la que se admite la demanda citará a las partes a una comparecencia o se dará un plazo al demandado para que alegue a fin de resolver sobre el importe de la caución y después se procederá a convocar al juicio verbal, disociando de esta forma el momento de adopción. En este sentido se ha pronunciado Ferrer Gutiérrez para quien en la citación al juicio verbal se deberá apercibir al demandado de las consecuencias de no prestar la caución fijada, por lo que solo podrá convocarse la vista del juicio verbal después de fijarse su cuantía tras la audiencia del demandado.

5. Modalidades de caución

Con carácter general, dispone la LEC art.64.2 -EDL 2000/77463- que: «La caución podrá otorgarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate». Este precepto es más restrictivo que lo era la LEC de 1881 -EDL 1881/1- a la hora de determinar la suficiencia de las cauciones, pues mientras en ésta se exigía fianza, con exclusión de la personal, o aval bancario, suficientes (art.385), o simplemente fianza a satisfacción (art.381), la vigente LEC exige en todo caso garantías que, amén de ser suficientes, no requieran del concurso de ninguna otra voluntad para poder hacerlas efectivas.

La vigente LEC -EDL 2000/77463-, por tanto, excluye apriorísticamente por su clase algunas formas de garantía: no se puede ofrecer una fianza personal (18), ni la hipotecaria o pignoraticia (19). ¿Puede admitirse el cheque bancario? Esta posibilidad no se incluye dentro de las previstas en la LEC art.64, pero si el cheque está conformado por la entidad bancaria correspondiente no parece existir inconveniente en admitirlo (20) .

Centra adecuadamente la cuestión la AP Granada, Sec 3ª, núm 536/2006, 24-11-06 -EDJ 2006/434933-, que parcialmente reproducimos por su interés, y según la cual: «(...) no hay duda de que la calidad y modo de la caución ofrecida no alcanza la garantía de efectividad e inmediata disponibilidad en condiciones similares a las que ofrece la consignación judicial o el Aval Bancario a primer requerimiento, por lo que no tiene cabida en la opción que deja abierta el precepto, para poder extenderlas a otras modalidades distintas que, con previsión de futuro, pueda surgir en el tráfico jurídico o en la práctica bancaria, como en su día ya lo fue el Aval a primer requerimiento, o a aquellas otras que dentro de las circunstancias concretas pueda surgir o ser idóneas en un concreto supuesto. Exigencia que, desde luego, no cumple, la unilateral y personal decisión del obligado a prestar la caución que se limitó a ordenar una retención bancaria que no garantiza ni su blindaje ni su carácter indefinido ni su posible revocación o inobservancia frente al Banco o posibles acreedores. En definitiva, el apelante, que ya mostró su disconformidad y resistencia a prestar la caución, eligió a propio interés y conveniencia un medio absolutamente impropio e inadecuado que no cumple las exigencias legales como efectiva caución».

Por lo tanto, aunque la LEC -EDL 2000/77463- no establezca realmente un numerus clausus de los medios en los que se puede prestar la caución, dado que lo importante reside en que se garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad, en la práctica -como afirma Juan Miguel Carreras Maraña (21)- «son dos los mecanismos básicos de constitución de la caución con absoluta disponibilidad inmediata: el dinero efectivo y el aval bancario».

Si la referencia al dinero efectivo o metálico no plantea especiales problemas interpretativos, pues su contenido se limita a consignar judicialmente las cantidades que el Juzgado considere suficientes para garantizar la obligación a que se refiera, la figura del aval a primer requerimiento sí viene planteando algunos problemas (22). De forma sucinta, vamos a perfilar, los requisitos básicos que debe tener éste para que cumpla los requisitos legales y sea declarado suficiente por el Tribunal (23):

- El aval debe ser solidario, siendo la responsabilidad del garante directa y solidaria tal y como establecen el CC art.1822.2 y art. 1144 -EDL 1889/1-.

- Que sea de duración indefinida, lo que supone que debe estar vigente hasta que se haga efectivo o bien se ordene su cancelación.

- Debe ser pagadero a primer requerimiento. Esto es muy importante a fin de evitar que el acreedor tenga que requerir previamente al obligado principal.

- El aval sólo puede ser constituido por personas jurídicas de naturaleza concreta como las entidades de crédito o las sociedades de garantía recíproca, y en cuanto a la forma, deberá ser emitido por persona suficientemente apoderada del banco o sociedad, con indicación de tal apoderamiento y deberá estar firmado y sellado con inclusión del número de aval y de su registro.

6. La determinación del importe de la caución y su relación con la tutela judicial efectiva

En la praxis judicial son varias las cuestiones que suscita la determinación de la cuantía de la caución, así como las posibles repercusiones que en la misma puede tener la obtención del beneficio de justicia gratuita por parte del obligado a prestarla: ¿Cuál debe ser el importe de la caución? ¿Debe ser éste motivado? ¿Cabe su moderación judicial?

En primer lugar, se puede decir que el importe solicitado por el actor en su demanda marca el máximo que el Juez no podrá sobrepasar, siendo determinada la cuantía de la caución a prestar por el Juzgado o Tribunal, motivadamente, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, tales como las siguientes:

-Las circunstancias que rodean el objeto y contenido de la pretensión

-Las consecuencias económicas que para el demandante se derivan de la conducta perturbadora del demandado (frutos, daños, perjuicios y costas).

-La capacidad económica del obligado a prestarla.

Por lo tanto, la concreción del importe de la caución no es una operación automática sino que requiere de un análisis de las circunstancias expuestas y del dictado de una resolución motivada donde se exponga el proceso lógico que ha llevado al órgano judicial a determinar el importe, que por lo tanto debe ser individualizado y no genérico o aleatorio. Es decir, la facultad de revisión de la caución que ostenta el Tribunal competente tiene como finalidad el evitar que la caución se convierta en un obstáculo insalvable para el acceso al proceso de los demandado (24).

Un criterio que tradicionalmente se viene teniendo en cuenta para fijar la caución es la cuantía de la demanda. También -insistimos- se debe admitir la posibilidad de que el Juzgado pondere la cuantía de la caución a prestar atendiendo a la capacidad económica de la parte. Ejemplo de lo expuesto se halla en la AP A Coruña, Sec 4ª, núm 238/2011, 25-5-11 -EDJ 2011/146101-, según la cual: «(...) por lo que se refiere a la cuantía de la caución establecida por la juez "a quo", tras oír a los demandados, que consideran elevada los aquí apelantes y aducen que les impide ejercitar su derecho de defensa. Tal alegación no puede ser estimada, por cuanto la caución persigue finalidades determinadas en la Ley, y no nos encontramos ante demandados que gocen del beneficio de justicia gratuita, cuando designan letrado y procurador de su libre elección para su defensa y representación, y no consideramos en el caso irrazonable una caución fijada de 3000 euros para el presente caso, siendo indiscutible la perturbación que sufre la Corporación Local demandante a causa de la imposibilidad de utilizar para sus fines sociales la finca de autos (...)».

Vinculado a lo expuesto, se entiende que es relevante que el obligado a prestar la caución sea beneficiario de la justicia gratuita; como se ha dicho la caución debe ser ponderada a la situación económica del obligado a prestarla, y qué duda cabe de que la persona que obtiene el beneficio de justicia gratuita carece de ingresos económicos superiores a los dispuestos en la Ley, y por tanto, la cuantía de la caución debe ser moderada a criterio judicial a fin de que no suponga una traba para el acceso a la tutela judicial efectiva. Esta opinión no es sino reflejo de la doctrina del TC, Sala 2ª, núm 45/2002, 25-2-02 -EDJ 2002/5745-; en el caso analizado por ésta, fue objeto de amparo dilucidar si el auto de instancia posteriormente confirmado por otro, que exigieron una caución al ahora demandante de amparo para la admisión de una demanda, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Entendió la Sala que dada la dificultad extrema de prestar la caución exigida, habida cuenta de la escasez de recursos del demandado y de su condición de titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, puede concluirse que las resoluciones recurridas han establecido una caución desproporcionada, determinando una privación del derecho de defensa del recurrente dentro del procedimiento de la LH art.41 -EDL 1946/59-, que vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, lo que obliga a otorgar el amparo solicitado.

Conclusiones: La cuantía de la caución debe ser concretada por el Juzgado motivadamente en atención a la valoración que haga de las circunstancias concurrentes en el caso, no pudiendo ser esta aleatoria. La prestación de la caución es imperativa y compatible con el beneficio de justicia gratuita, pues, conforme a la L 1/1996 art.6.5 -EDL 1996/13683-, de asistencia jurídica gratuita, dicho beneficio sólo abarca la exención del pago de depósitos para recurrir, mas no para interponer demandas, y tal compatibilidad ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional. Otra cosa es que la concreción del importe de la caución no debe constituirse en un impedimento para el acceso a la tutela judicial efectiva, por lo que el Juzgado a la hora de la determinación de la caución debe tener en cuenta el hecho de la situación económica del demandado, de lo que puede ser un buen exponente el ser titular del beneficio de justicia gratuita o no.

7. Excepciones subjetivas a la obligación de prestar caución

Como se expuso anteriormente, pese a que la LEC -EDL 2000/77463- no prevé excepción subjetiva alguna, se puede convenir que los Entes Públicos están exentos de prestar caución. Paradigmático es el caso de los Ayuntamientos cuando acuden a la jurisdicción ordinaria como parte en un procedimiento cuyo objeto pretende ventilar una materia jurídico-civil en atención a un previo contrato privado; se trata de una excepción al principio general fundamentada en lo dispuesto en la L 52/1997 art.12 -EDL 1997/25086- en relación con el RDLeg 2/2004 art.173.2 -EDL 2004/44134-. Por tanto, los particulares no pueden invocar perjuicio alguno por la aplicación de la exención dado el principio de suficiencia financiera de las Corporaciones Locales de la CE art.142, lo que evita su insolvencia, que es la razón de ser de la exigencia de las fianzas, depósitos o cauciones.

En cambio, esta exención no se puede aplicar de forma extensiva a cualquier entidad de naturaleza jurídica administrativa cuando -como en el caso analizado en la AP Las Palmas auto, 4-5-05, EDJ 2005/94198- se trataba de una asociación mixta que ha elegido la forma jurídica de una entidad urbanística colaboradora para actuar y que no se identifica con la comunidad autónoma.

8. Consecuencias de la no prestación de la caución

Pese a que alguna resolución judicial ha indicado -erróneamente a nuestro parecer- que la sanción a la falta de prestación de caución es la declaración de rebeldía procesal de la parte demandada (25), lo cierto es que la principal consecuencia que tiene para la parte demandada su decisión de no prestar la caución, por imperativo legal, conforme a la LEC art.440.2 -EDL 2000/77463-, es la misma que la que acarrearía su falta de comparecencia o no oposición, es decir, el dictado de la sentencia (26). Pero en este supuesto ¿el contenido de la sentencia deberá ser siempre estimatoria de la demanda o debe existir algún control por el Juzgado? Esta es una cuestión interesante. La no prestación de la caución no puede imponer al Juzgado la obligación de acoger la demanda y otorgar, sin más, una protección registral sin opción a valorar los requisitos y presupuestos de la acción deducida en relación al título e inscripción registral que es presupuesto de su admisión en conexión con el objeto y naturaleza de la pretensión deducida y cuya adecuación, e idoneidad sustantiva, para ser ventilada en este proceso especial elegido, constituye materia de orden público, fiscalizable de oficio (27), puntos que se concretan -tal y ya hemos expuesto en este artículo de opinión- en los siguientes:

-Se acredite la legitimación activa dimanante de su designación como titular registral del derecho ejercitado, según certificación, que acredite la vigencia del asiento sin contradicción.

-Que la acción ejercitada vaya dirigida contra quien aparezca como probado causante de la perturbación o despojo, y por ello, pasivamente legitimado en el proceso;

-Que no concurra ninguna de las causas taxativas señaladas en la LEC art.444.2 -EDL 2000/77463-, como motivos de oposición.

-Que se dé una identidad entre la finca registrada a favor del accionante y aquélla objeto de los denunciados actos perturbadores o expoliadores, contra los que reacciona el titular registral.

Además -y esto es importante-, la no prestación de caución no puede dar lugar a una sentencia que acoja todos los pedimentos que la parte demandante haya podido incluir en el suplico de su demanda, sino exclusivamente los propios y genuinos del procedimiento especial sumario utilizado, que es la efectividad del derecho real inscrito, en cuanto implique derecho a poseer (28). Así, la citada AP Madrid, Sec 13ª, núm 280/2013, 28-6-13 -EDJ 2013/178526-, ha declarado, a este respecto, que: «(...) en consecuencia, no puede acogerse, pese a la incomparecencia del demandado a la vista, la reclamación de daños y perjuicios deducida por la actora... (...) En un procedimiento fundado en la inscripción registral no pueden hacerse valer derechos extratabulares que no han llegado a acceder al Registro (...)».

En materia de recursos, ¿puede el demandado recurrir en apelación el fondo de la sentencia que se dicte? Entendemos que no es posible entrar a conocer del recurso de apelación por los motivos de fondo que planteé la parte demandada ya que, en el caso de dar validez a su formalización, el demandado conseguiría de este modo y además per saltum sostener una oposición que la LEC no le permite plantear ni en primera ni en segunda instancia como tampoco se le permite formular oposición a la demanda sin prestar previamente la caución exigida por el actor y ordenada por el Juzgado (29). En esta línea es muy interesante AP A Coruña, Sec 5ª, núm 31/2012, 30-1-12 -EDJ 2012/22299-, que se pronunció en el sentido de que dado que los apelantes/demandados no prestaron en su día la caución impuesta -por lo que no pudieron hacer alegaciones en la primera instancia-, tampoco pueden hacerlas mediante el recurso de apelación al haber precluido dicho trámite procesal. Textualmente, se dice lo siguiente: «(...) si consideramos que la vista del juicio verbal es el momento procesal preclusivo para que los demandados expongan los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las cuestiones materiales y procesales que tengan por conveniente e incorporen nuevos hechos al procedimiento, por lo que es en este momento en el que queda establecido su objeto sin que las partes puedan alterarlo posteriormente, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 286 LEC -EDL 2000/77463-, las alegaciones formuladas por los demandados en esta segunda instancia, mediante la interposición del recurso de apelación, una vez celebrada la vista del juicio, en la cual no realizaron alegaciones al estarle prohibido conforme al art. 440.2 de la LEC, al no prestar la caución en la cuantía señalada por el Juzgado de Instancia, resulta extemporáneo y vulnera el derecho de la actora apelada, al introducir en el proceso los motivos de oposición a la demanda cuando ya había precluido el período de alegaciones, viéndose así privada esta parte de la posibilidad de contradecirlas y desvirtuarlas en dicho acto, por lo que si bien cabe a los demandados apelantes negar simplemente los hechos constitutivos de la pretensión actora y acreditar su irrealidad o inexistencia, no le es posible alegar válidamente hechos nuevos impeditivos, obstativos o extintivos, ni plantear en el recurso cuestiones procesales frente a la demanda, de modo interruptivo o extemporáneo, sin causar indefensión a la parte actora apelada. En este sentido nos hemos pronunciado en sentencias de 2 de febrero de 2006 -EDJ 2006/427087- y 28 de abril de 2011 -EDJ 2011/90258-, que aunque referidos a situaciones de rebeldía, es aplicable también al supuesto que examinamos de no prestación de caución, que equipara a la incomparecencia del demandado al acto de la vista del juicio verbal el art. 440.2 de la LEC (...)».

NOTAS:

1.-Fernando Lacaba Sánchez, en "Particularidades del artículo 250.7º LEC 2000 -EDL 2000/77463-". Práctica de Tribunales, nº 18, sección Estudios. Julio-agosto 2005. Según este autor: «el legislador ha modificado la discutida naturaleza jurídica de este procedimiento, dado que en la regulación hipotecaria anterior era considerado un proceso de ejecución, cuyo título era la certificación de la inscripción registral, mientras que en la nueva LEC, al incorporar el mismo al Juicio Verbal, dentro de los procesos llamados declarativos y exigirse en el art. 440.2º LEC que se dicte sentencia para llevar a cabo las medidas solicitada, se concede al dicho nuevo proceso una naturaleza jurídica de proceso declarativo al regularse por medio del nuevo juicio verbal y que puede definirse como un proceso de cognición, ordinario, sumario y documental por el que el titular de un derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad solicita del Juzgado competente que adopte medidas de aseguramiento y dicte sentencia condenando a quienes se opongan al derecho inscrito o perturben su ejercicio».

2.-«El objeto del procedimiento alcanza y se centra exclusivamente en la obtención del cese de la perturbación, respecto de un derecho real inscrito» (AP Jaén, Sec 2ª, núm 48/2013, 26-2-13 -EDJ 2013/78120-).

3.-Es interesante la AP Alicante, Sec 6ª, núm 14/2013, 3-1-13 -EDJ 2013/54502-: «En el presente caso, el Decreto de 20 de octubre de 2.010, que admitió a trámite la demanda, contenía expresamente las precitadas prevenciones fijando la cuantía de la caución a prestar por los demandados en 30.000 euros, pero efectivamente, como alega el apelante, en su escrito de 7 de noviembre de 2.012, consecuencia de la Providencia de esta Sala de 25 de octubre de 2.012, por la que se dio a las partes traslado para alegaciones sobre la posible nulidad de actuaciones, en el acto del juicio verbal no se les dio a los demandados trámite para alegar lo que tuvieran por conveniente acerca de la cuantía de la caución solicitada, ni en consecuencia existió sobre la misma pronunciamiento judicial alguno».

4.-AP Alicante, Sec 9ª, núm 462/2013, 16-9-13 -EDJ 2013/190401-: «La actora para acreditar su titularidad registral se limita a aportar con la demanda notas registrales, que desde luego no suplen a una certificación, no contienen la mención de la vigencia del asiento sin contradicción y ni siquiera están firmadas por el Registrador, porque es preciso. La demanda en consecuencia no debió admitirse a trámite, y lo que entonces era causa de inadmisión ahora lo será de desestimación».

5.-AP Cáceres, Sec 1ª, núm 101/2011, auto 7-9-11 -EDJ 2011/218303-.

6.-AP Baleares, Sec 3ª, núm 398/2012, 12-9-12 -EDJ 2012/207803-: «Aplicando la expresada doctrina al caso de autos deviene improsperable el presente recurso de apelación, por cuanto la parte actora hoy apelante no ha acreditado la identidad entre la inscripción registral y la finca que posee la demandada, y que constituye un requisito esencial para la prosperabilidad de la acción ejercitada».

7.-Vicente Magro Servet. Sección practica procesal. Práctica de Tribunales, nº 18, Julio-Agosto 2005. Cfr. también por otras muchas la AP Jaén, Sec 2ª, núm 48/2013, 26-2-13 -EDJ 2013/78120-.

8.- P Baleares, Sec 3ª, núm 398/2012, 12-9-12 -EDJ 2012/207803-.

9.-Cfr. también, en estos términos, la AP Lugo, Sec 1ª, núm 103/2011, 22-2-11 -EDJ 2011/51194-.

10.-AP Asturias, Sec 5ª, núm 296/2013, 19-11-13 -EDJ 2013/244754-. También, en este sentido, cfr. AP Madrid, Sec 13ª, núm 32/2013, 21-1-13 -EDJ 2013/32952-, en cuyo supuesto práctico, el Decreto de 20 de octubre de 2.010, que admitió a trámite la demanda, contenía expresamente las precitadas prevenciones fijando la cuantía de la caución a prestar por los demandados en 30.000 euros, pero efectivamente, como alega el apelante, en su escrito de 7 de noviembre de 2012, consecuencia de la Providencia de esta Sala de 25 de octubre de 2012, por la que se dio a las partes traslado para alegaciones sobre la posible nulidad de actuaciones, en el acto del juicio verbal no se les dio a los demandados trámite para alegar lo que tuvieran por conveniente acerca de la cuantía de la caución solicitada, ni en consecuencia existió sobre la misma pronunciamiento judicial alguno. En este caso se declaró la nulidad de las actuaciones.

11.-Sintetizadas por Juan Miguel Carreras Maraña en la encuesta jurídica de Sepin titulado «¿En qué momento procesal ha de prestar el demandado la caución a la que hace referencia el art. 444.2 de la LEC -EDL 2000/77463-, en los procesos instados por los titulares de derechos reales inscritos (antiguo procedimiento del art. 41 de la LH -EDL 1946/59-)?». Mayo 2001.

12.-Es esta la solución más adecuada a decir de Vicente Magro Servet, en la sección practica procesal en la Práctica de Tribunales, nº 18, Julio-Agosto 2005, cuando afirma que: «(...) en consecuencia, entendemos que al inicio de la vista debe el demandado prestar la caución por alguna de las formas del art. 64.2 LEC -EDL 2000/77463-».

13.-¿En qué momento procesal ha de prestar el demandado la caución (...)" ob. cit supra.

14.-¿En qué momento procesal ha de prestar el demandado la caución (...)" ob. cit supra.

15.-AP Barcelona 27-9-11 -EDJ 2011/276175-.

16.-AP Granada, Sec 3ª, núm 536/2006, 24-11-06 -EDJ 2006/434933-.

17.-AP Alicante, Sec 7ª, 11-2-03.

18.- AP Barcelona, Sec 17ª, auto 1-6-01.

19.-AP Madrid, Sec 10ª, auto 14-6-05.

20.-Sensu contrario, cfr. AP La Rioja, núm 51/2002, 7-2-02 -EDJ 2002/15449-. En este caso, no se admitió puesto que no estaba conformado.

21.-«Casuística sobre la caución en la ejecución forzosa y provisional». Práctica de los Tribunales, nº 30, septiembre 2006. Pág. 5.

22.-Así, Alberto Martínez de Santos, en “Supuestos de exigencia de caución en la fase de admisión de demandas y trámite en el proceso civil”. Practica de Tribunales, nº 95. Julio-agosto 2012. Pág. 16.

23.-Cfr. Juan Miguel Carreras Maraña, en su detallado y fundamentado artículo de opinión titulado “El sistema de cauciones y garantías (...)« ob. cit. Sepin. Mayo 2002; y Alicia Armengot Vilaplana, en “La caución. Presupuesto (...)». Ob. cit., Práctica de Tribunales, nº 30. Septiembre 2006.

24.-Así, cabe destacar la AP Las Palmas, Sec 5ª, núm 69/2007, auto 12-4-07 -EDJ 2007/65578- que anuló la caución fijada y todas las demas resoluciones conectadas con dicha decisión: El tribunal de instancia no individualiza la caución que deben prestar los demandados, lo que supone una privación del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el requisito legal se ha establecido de tal manera que les impide formular la demanda de contradicción. Procede dejar sin efecto el contenido del auto recurrido, así como todas las demás resoluciones que están conectadas con la caución fijada, fijándose la caución que han de prestar cada uno los demandados personados, como paso legal previo a la presentación de la demanda contradicción.

25.-Así lo declaró el JPI núm 1 Úbeda, decisión que fue recurrida ante la AP Jaén, cuya Sec 1ª, en sentencia núm 97/2006, 28-4-06 -EDJ 2006/347712-, revocó la resolución impugnada declarando en su lugar el acogimiento de la demanda deducida contra la mercantil demandada, condenándola a reconocer y respetar el derecho de propiedad inscrito de la actora respecto de la finca descrita en la demanda, y a que se abstenga de realizar actos de perturbación y ocupación que con relación a dicha finca venía realizando, ya que dicha codemandada no prestó la caución exigida, con lo que la sanción a la falta de prestación de caución no es la de rebeldía procesal, sino la del dictado de una sentencia estimatoria de las pretensiones del actor.

26.-A decir de la SAP Badajoz, Sec 3ª núm 67/2003, 13-2-03 -EDJ 2003/41247-, la consecuencia de la no prestación de la caución, aun habiendo comparecido, no es otra que tener por «allanado» al demandado.

27.-SAP Granada, Sec. 3ª, núm 536/2006, 24-11-06 -EDB 2006/434933-.

28.-SAP Madrid, Sec 13ª, núm 280/2013, 28-6-13 -EDJ 2013/178526-.

29.-SAP Granada, Sec 3ª, núm 536/2006, 24-11-06 -EDJ 2006/434933-

Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de octubre de 2014.