Así se recoge en el documento publicado el pasado viernes y dirigido a todos los poderes públicos, donde expone 30 principios estructurados en tres decálogos para una intervención pública "pro competitiva" que estimule una recuperación económica sólida, inclusiva, sostenible e innovadora.
En concreto, el organismo centra sus recomendaciones en tres áreas donde la intervención pública puede tener un mayor impacto en la competencia: la regulación de los mercados, las ayudas públicas y la contratación pública.
En cuanto a las ayudas públicas, la institución destaca su "enorme potencial" para posibilitar que la recuperación económica sea más rápida, sostenible y duradera. La recepción de fondos europeos vinculados al Instrumento Europeo de Recuperación, conocido como "Next Generation EU", implementado mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone una gran oportunidad para la consecución de estos objetivos.
Sin embargo, estos beneficios potenciales dependen de que se asegure una gestión eficiente de los fondos para el aprovechamiento de las oportunidades para una rápida recuperación. "Las ayudas públicas deben instrumentarse evitando que introduzcan distorsiones e ineficiencias que perjudiquen la libre competencia y el bienestar económico general", ha remarcado el organismo que dirige Cani Fernández.
Entre las recomendaciones también se insta a apostar por la recuperación de las empresas eficientes y por tanto, ser exigente en cuanto al perfil de solvencia de las empresas que van a recibir la ayuda. Además, considera que deben utilizarse, de forma preferente, los instrumentos que incentivan a las empresas receptoras a recuperar su actividad, como los préstamos, avales o garantías y otros instrumentos condicionados.
Regulación eficiente
En cuanto a la regulación de los mercados la CNMC cree que deben evitarse medidas proteccionistas o que rompan la neutralidad competitiva cuando estas no respeten los principios de buena regulación.
En su opinión, las regulaciones deben ser objeto de planificación y ser transparentes para favorecer la predictibilidad y la seguridad jurídica y la capacidad de competir de pymes y autónomos en los mercados. Al mismo tiempo, la regulación debe ser objeto de evaluación previa y continua, a fin de adaptarla a cambios en las circunstancias y necesidades.
Eficiencia de la contratación pública
La contratación pública tiene un notable peso en el PIB nacional (entre un 10% y un 20%) y una capacidad de arrastre importante sobre el conjunto de la economía. Según explica el organismo, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la contratación pública, además de maximizar la eficiencia de los recursos públicos, persiga otros objetivos estratégicos de contenido social o medioambiental, manteniendo como ejes fundamentales, igualmente, la lucha contra el fraude y la corrupción.
Por ello, considera que la contratación pública correctamente diseñada y ejecutada puede contribuir de forma efectiva a los objetivos de la Agenda 2030, pero debe fijar parámetros que garanticen su objetividad. Además, debe apostar por la digitalización de la información a través de la contratación electrónica, con la consecuente mejora de transparencia para potenciales licitadores.
En aras del principio de neutralidad competitiva, la CNMC recomienda establecer un marco que garantice unas condiciones de competencia objetivas y no discriminatorias en la contratación pública.
Además, cree que se debe potenciar la concurrencia del mayor número de operadores, en especial de las pymes, apostando por la planificación del aprovisionamiento público, la publicidad proactiva, la anticipación de la información y el diseño de plazos efectivos de presentación de ofertas y de ejecución lo suficientemente amplios para permitir la correcta migración de los servicios por parte de las empresas adjudicatarias.
Además, considera que debe invertirse en la profesionalización de los responsables de compras, proporcionándoles las herramientas necesarias, además de los medios humanos y la formación adecuada.
