La Comunidad de Madrid va a destinar este año 42 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita para todas aquellas personas que carecen de recursos suficientes para litigar, lo que supone un incremento del 18,5% respecto a 2015.
En concreto, el Consejo de Gobierno regional ha autorizado un gasto de 37,4 millones para los colegios profesionales de Madrid y Alcalá de Henares, a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad, y otro de 4,6 millones de euros para el Colegio de Procuradores.
Estas cantidades servirán para retribuir las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita, así como gastos de infraestructura.
Los pagos aprobados se enmarcan en los acuerdos alcanzados, a finales del año pasado, por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno con abogados y procuradores, en los que se pactó la mejora y racionalización de determinados baremos, en especial aquellos cuyos procedimientos requieren un mayor esfuerzo y dedicación, en reconocimiento a la labor que realizan ambos colectivos profesionales.
Presupuesto
Asimismo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha comprometido a que abogados y procuradores recuperen de forma progresiva, en esta legislatura, la rebaja de los baremos de la Justicia Gratuita del 20% realizada en 2012, con una mejora del 10% este año, del 7% en 2017 y del 3% en 2018.
Además, se ha constituido un grupo de trabajo permanente entre la Dirección General de Justicia y Seguridad y los Colegios de Abogados y Procuradores para seguir avanzando en este servicio.
A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo regional quiere realizar un gran esfuerzo presupuestario en la dotación créditos destinados a la Justicia Gratuita, consciente de la importancia que tiene como garantía de acceso de los ciudadanos con menos recursos económicos al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.
En conjunto, estas actuaciones se enmarcan en el proyecto del Gobierno regional de mejorar la Administración de Justicia y las condiciones en las que el personal a su cargo presta sus servicios.
