La importancia de recopilar información sobre los titulares reales de las personas jurídicas, la identificación de patrones fraudulentos en los entramados societarios y la necesaria colaboración entre entidades gubernamentales, instituciones financieras y el resto de actores del sector privado, fueron algunas de las principales conclusiones del curso.
El foro reunió a numerosos operadores jurídicos y profesionales del sector financiero, y contó con la participación de expertos en la materia y representantes de los organismos de control, que abordaron, desde la perspectiva del Derecho, la contabilidad forense y el análisis financiero, los considerables desafíos que plantea la actividad fraudulenta para las autoridades encargadas del cumplimiento de la Ley.
Manuel Tarrío, secretario del Consejo General del Notariado (CGN), dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la Universidad Complutense la invitación a participar en su ciclo de cursos de verano. En su intervención inaugural, Tarrío puso en valor el papel y la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su colaboración, desde hace más 25 años, con las autoridades y administraciones públicas: “El Notariado español y su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo están reconocidos como fuente de referencia a escala internacional, como consecuencia de la acreditada efectividad de sus métodos. Actualmente avanzamos en la exploración y el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a las acciones preventivas en esta materia”.
También, el secretario del CGN defendió la importancia de articular esta jornada entorno a la identificación del titular real, “el verdadero problema, tanto para los organismos competentes, como para los sujetos obligados, a cuya solución contribuimos desde el Notariado con la creación -en 2014- de la Base de Datos de Titularidad Real, sin duda una de las más importantes, sino la más importante, de las existentes en España”.
En la primera ponencia de la sesión, Lourdes Jiménez Ramos, miembro de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Tesoro Público, detalló las herramientas legislativas existentes para la investigación de las estructuras jurídicas complejas e hizo un análisis de los riesgos que plantean, particularmente en el caso de los “trust” o fideicomiso anglosajón, figuras jurídicas que no pueden crearse, pero sí operar en nuestro país, y que permiten conferir el control y la administración de activos a una tercera persona sin ceder su titularidad.
“Los sujetos obligados deben tener una serie de cautelas cuando operen con los trust. Hay países muy laxos en lo relativo a las estructuras jurídicas y eso puede tener un impacto en su operación en España. En la UE la normativa preventiva se basa en la identificación del titular real, la persona física que se encuentra al final de toda la cadena, de quién debemos tener una información adecuada, precisa y actualizada”, subrayó.
El jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, Mariano García Fresno, intervino a continuación para ilustrar los tipos de estructuras jurídicas complejas más comunes, sus indicadores de alerta y los elementos que dificultan el conocimiento de los titulares reales, como la aparición de sociedades extranjeras en la cadena de propiedad, personas jurídicas de base asociativa (fundaciones, ONG, etc.), fondos de inversión, trust o instrumentos similares.
“Hay operaciones que son legales, pero que no resultan lógicas desde el análisis y que requieren de una investigación. Para obtener la información de estos entramados jurídicos utilizamos los datos del Índice Único Notarial y de la Base de Datos de Titular Real, y la documentación que los notarios solicitan a las personas físicas que intervienen en los actos”, explicó García Fresno.
Por su parte, María Belén Suárez Pantín, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, habló sobre la labor que realizan los fiscales para perseguir estos delitos de defraudación tributaria: “Complementamos el trabajo que realiza el Notariado, los Registros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Agencia Tributaria con los instrumentos que podemos aportar a través de un procedimiento judicial”.
La fiscal denunció la falta de cooperación entre autoridades de distintas jurisdicciones, aquellos países reconocidos como paraísos fiscales, y puso el foco sobre las estructuras societarias utilizadas en estos entramados delictivos para ocultar bienes y activos, como las sociedades de responsabilidad limitada holandesa o ‘BV’. “Tenemos que pretender que los sistemas de intercambio de información entre países sean cada vez más agiles, que se restrinjan más las jurisdicciones opacas, y podamos ir cerrando el circulo a las conductas delictivas”, aseveró Suárez Pantín.
Francisco Martín Casares, responsable de PBC-FT de Anticipa Real Estate (Blackstone Group), mostró varios casos prácticos de operaciones con activos inmobiliarios y puso de manifiesto las dificultades que surgen a la hora de identificar a los titulares reales en el proceso de diligencia debida -investigación previa a la firma de contratos-.
El representante del grupo inmobiliario avaló el trabajo de los analistas de los sujetos obligados, especialmente en un sector como el suyo, “de pretendida incursión de financiación ilícita, tanto en la compraventa de activos, como en cancelaciones hipotecarias”. Sobre las operaciones con criptoactivos, Martín Casares abogó por requerir toda la documentación de las transacciones a los intervinientes.
Al cierre de la jornada, el responsable de la Unidad de Análisis de Blanqueo de Capitales del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Francisco Córcoles, alertó sobre las prácticas de falsificación de la identidad de los titulares reales: “La titularidad real y la identidad definen ámbitos totalmente distintos. Estamos sufriendo un aumento de identidades falsas -robadas, prestadas o generadas mediante aplicaciones informáticas- que se usan en estos esquemas complejos de estructuras jurídicas de blanqueo”.
Finalmente, el representante del SEPBLAC llamó a seguir reforzando los mecanismos de control y las exigencias normativas, al hilo de la nueva legislación europea contra el blanqueo, que armoniza las normas en toda la UE y pretender acabar con las deficiencias que aprovechan los defraudadores. “Es complicado cumplir los estándares mínimos exigibles en materia de prevención del riesgo. Tenemos por delante dos retos de difícil consecución: por una parte, la identificación del titular real y, en última instancia, la recuperación de activos ilícitos: hoy solo se puede recuperar un 0,3 %”, concluyó.
