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Seis de cada diez afectaron a cargos públicos o personal de confianza entre 1995 y 2018, el 65% del PP y el 25% del PSPV

La mayoría de las sentencias por corrupción son condenatorias en la Comunidad Valenciana, según un estudio

Noticia

La mayoría de las sentencias judiciales por corrupción dictadas en la Comunitat Valenciana entre 1995 y 2018 fueron condenatorias, con el 66,6% de ellas con penas para cargos públicos, personal de confianza o gestores de entidades o empresas del sector público. Entre estas, el 65% afectaron a representantes del Partido Popular y el 25% al PSPV-PSOE.

sentencias por corrupción son condenatorias

Así lo recoge un estudio impulsado por el Observatori Ciutadà contra la Corrupció que analiza 32 casos de corrupción pública, enjuiciados y sentenciados por las tres audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) desde la entrada en vigor del Código Penal actual en 1995.

De las 32 sentencias analizadas, 30 fueron condenatorias: el 66,6% (20) con penas para cargos públicos, personal de confianza o gestores de entidades o empresas del sector público, el 26,6% (8) para personal funcionario y el 6,6% (2) para concesionarios o adjudicatarios de la administración, detalla la organización en un comunicado.

En concreto, entre las 20 sentencias condenatorias a cargos públicos, el 25% (5) estuvieron relacionadas con personas vinculadas al PSPV en el momento de comisión del delito, frente al 65% (13) relacionadas con el PP.

Entre ellas destacan las de mayores penas o "impacto social o económico", como la primera pieza del 'caso Blasco', residuos y limpieza de Torrevieja (Alicante), Emarsa, 'Gürtel/Fitur' o la depuradora de Borriol (Castellón).

En esta "panorámica de la corrupción" no se han incluido casos como Brugal, 'Cártel de Fuego', Divalterra, Imelsa, IVAM, Taula o Comercio, porque al cierre del estudio estaban todavía en fase de investigación, instrucción o juicio oral.

LA MAYORÍA POR MALVERSACIÓN O PREVARICACIÓN

Por tipología, un 36,6% (11) de las sentencias condenatorias penaron la malversación de caudales públicos; un 30% (9), la prevaricación administrativa; un 26,6% (8), el cohecho; un 13,3% (4), las negociaciones y actividades prohibidas para el personal funcionario; un 10% (3), la prevaricación urbanística, y un 6,6% (2), el fraude y la exacción ilegal.

Los 32 casos tuvieron lugar en la ciudad de València (7) y en 13 comarcas: l'Alacantí (9), el Valle de Cofrentes-Ayora (3), la Vega Baja (3), la Marina Baixa (1), l'Horta Nord (1), l'Horta Sud (1), la Ribera Alta (1), el Vinalopó Mitjà (1), la Marina Alta (1), la Safor (1), el Alto Palancia (1), el Camp de Túria (1) y la Plana Alta (1).

Durante los 23 años analizados, en los 32 casos solo resultaron absueltos los acusados en los casos del aparcamiento de los Jardines de Monforte de València y de falsedad documental en el Ayuntamiento de la Vall de Laguar (Alicante).

CASOS CON CONDENADOS

En cambio, el TSJCV o las audiencias provinciales condenaron a los acusados en el resto de casos: planta de hormigón en Orxeta (Alicante), auditorio de Paterna (Valencia), gestión de tributos municipales en Benetússer (Valencia), recalificación de terrenos en Zarra (Valencia), concesión de licencias de obras en Ayora (Valencia), alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Fulgencio (Alicante) o residuos y limpieza en Torrevieja, apropiación fondos de las Hermanas Carmelitas de Orihuela (Alicante).

Otros casos con condenas fueron la selección del secretario municipal de Rafelguaraf (Valencia), cobros indebidos por el alcalde de Hondón de las Nieves (Alicante), relojes del vicealcalde de València, trajes del jefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, autorizaciones ambientales indebidas por técnico de la Conselleria de Medio Ambiente, 'caso Emarsa' o 'caso Gürtel/Fitur', 'caso Blasco' (pieza primera).

También la prevaricación administrativa del alcalde de Barx (Valencia), tramitación irregular de permisos de residencia de extranjeros, matriculaciones irregulares en la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante, irregularidad en permisos de trabajo y residencia en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, apropiación de fondos de lotería en Alicante, apropiación de giros postales por un funcionario de Correos de Alicante, apropiación de fondos por un funcionario del Servei Valencià de Salut.

Y, finalmente, la apropiación de fondos por un recaudador municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), urbanización de parcela en El Campello (Alicante), 'telecentros' municipales en Alicante, devoluciones del IVA en Alicante, concesión de la explotación de la planta embotelladora de agua de Chóvar (Castellón), falsificación de datos de una empleada por el alcalde de Riba-roja de Túria (Valencia) y depuradora de Borriol.

Los resultados del trabajo se pueden consultar en la web 'observatoricorrupcio.org/es/mapa' y se presentan este miércoles, 23 de octubre, en el acto 'Panoràmica de la Corrupció al País Valencià', a las 19 horas en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de València.

Intervendrán Laia Maurí y Consuelo Vidal, en representación del Observatori; Jorge Correcher, autor de la investigación, y una representante de la Agencia Valenciana Antifraude. El estudio forma parte de un proyecto cofinanciado por la Conselleria de Transparencia y será editado próximamente por el observatorio.

El objetivo es analizar de forma crítica el tratamiento penal de los casos de corrupción de los últimos años a partir de la jurisprudencia de los órganos judiciales valencianos.