ADMINISTRACIÓN

La necesaria adecuación salarial de los letrados de la Administración de Justicia

Tribuna

El pasado día dieciocho de abril los letrados de la Administración de Justicia nos concentramos ante las sedes judiciales de toda España para reclamar al Gobierno de la nación y al Ministerio de Justicia fundamentalmente dos cosas: la impostergable adecuación salarial de nuestro colectivo y un servicio público de la Justicia eficiente y de calidad. Me centraré en esta ocasión en la primera de ellas.

Son éstos momentos en que prácticamente todos los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia (Jueces, Fiscales, resto de funcionarios), por unas u otras razones, estamos movilizados en pro de reivindicaciones todas ellas legítimas. En el caso de los antiguos Secretarios Judiciales no nos sobran, sino que nos desbordan los motivos para ello.

Los letrados de la Administración de Justicia venimos asumiendo de manera incesante, fundamentalmente desde la Ley 13/2009, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, nuevas funciones y responsabilidades que han supuesto una redistribución de competencias y de carga de trabajo con Jueces y Magistrados y que, en algunas jurisdicciones como la civil, implica que el setenta y cinco por ciento de la gestión ordinaria de los procesos sea asumida por los letrados de la Administración de Justicia, si atendemos a las resoluciones firmadas por unos y otros.

Como para muestra basta un botón, y por citar una de las más recientes, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 viene a atribuir hasta el ochenta por ciento de las competencias a los letrados de la Administración de Justicia, bien en exclusividad, bien compartidas con otros operadores jurídicos no jurisdiccionales. Y así podríamos continuar con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Procedimiento Laboral, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Registro Civil y hasta más de doscientas normas que nos asignan nuevas funciones a los fedatarios judiciales. Esto supone que asumamos casi el 70% de los asuntos que ingresan en los juzgados, y que al cabo del año dictemos más de dos millones de decretos admitiendo las demandas y otros tantos finalizando los procedimientos.

Sin embargo esta extraordinaria nueva carga de trabajo no se ha visto en ningún momento reflejada en nuestro sueldo sino que, antes al contrario, el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia es el Cuerpo Nacional, Grupo A1, peor retribuido pese a ser con diferencia el que más carga de trabajo soporta y, en consecuencia también, mayores responsabilidades asume. Especialmente sangrante es el caso de los compañeros de la tercera categoría (los destinados principalmente en juzgados mixtos) cuyo salario sonroja si lo comparamos no ya con cualquier otro Cuerpo Superior del Estado, sino incluso con grupos o escalas inferiores dentro de la Administración.

Urge igualmente una retribución adecuada de las sustituciones forzosas y del servicio de guardia, actualmente ignominiosa y que hace que, por ejemplo, un letrado de la Administración de Justicia tenga que practicar en cualquier momento del día o de la noche una diligencia de entrada y registro por poco más de setenta céntimos la hora, arriesgando incluso en ocasiones su integridad física, como ocurrió con la compañera que tuvo que ser evacuada por la azotea en los incidentes ante la Consellería de Economía en Barcelona del pasado mes de septiembre.

Los letrados de la Administración de Justicia hemos ejercido todas las nuevas encomiendas de una forma sobresaliente y con un extraordinario sentido del deber y del servicio público, pese a lo absolutamente impropio de una retribución que poco se compadece con nuestra categoría profesional, las funciones desempeñadas y la dignidad de las mismas. Pero ha llegado el momento de plantarse. Si la excusa para no abordar la adecuación salarial ha sido siempre la crisis, los nuevos indicadores económicos ya lo permiten (así va ocurrir con otros funcionarios públicos), por lo que poner solución a este despropósito retributivo ya solo depende de la voluntad política. Si como hasta ahora se siguen dando largas a estas reivindicaciones que son justas, proporcionadas e históricas, está más que justificado que nos pongamos "en pie de guerra". Que nadie dude que daremos la batalla.